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El Sindicato de la Policía pide imputar a 28 directores de colegios del 1-O

Barcelona, 17 jun (EFE).- El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha pedido al juez que investiga las cargas del 1-O que impute por desobediencia y malversación a los directores de 28 colegios de Barcelona donde hubo incidentes, al considerar que su "permisividad" permitió la aglomeración de activistas en los centros.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, el SPP pide también al titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona que reclame a los Mossos d'Esquadra un informe sobre su actuación en estos 28 puntos de votación, alegando que la Policía Nacional tuvo que acudir a esos centros tras el "incumplimiento o incapacidad" del cuerpo autonómico para cerrar los colegios.

El Sindicato Profesional de Policía ejerce la acusación popular en la causa abierta por el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que mantiene imputados a unos cuarenta policías por las cargas del 1-O, así como al activista independentista Roger Español, que arrojó una valla metálica a los agentes antes de recibir el impacto de una pelota de goma en un ojo.

En su escrito, el SPP advierte de que la actuación policial, ya fuera de Mossos o de Policía Nacional, se vio "completamente obstaculizada" ese día por la "permisividad" de los directores de los colegios donde se celebraron las votaciones, ya que "facilitaron, procuraron o no impidieron" la "aglomeración de gente y la celebración del referéndum, que había sido expresamente prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)".

Por este motivo, solicita al juez que cite como imputados a los directores de los 28 centros donde se produjeron los incidentes que han dado origen a la causa abierta por el juez respecto a los cerca de cuarenta agentes de la Policía Nacional imputados por las cargas del 1-O.

Según el sindicato, mayoritario en las escalas de mando de la Policía Nacional, los directores de estos centros pudieron haber cometido un delito de desobediencia, dada su condición de funcionarios públicos, ya que permitieron la celebración del 1-O pese a que había un mandato "público y notorio" del TSJC para prohibirlo.

También pide que se les cite como imputados por un delito de malversación, al haber permitido el uso de instalaciones públicas "para un acto claramente ilegal y prohibido por el TSJC".

El SPP sostiene en este sentido que la conducta de los funcionarios públicos que permitieron la utilización de espacios públicos para una "actuación prohibida judicialmente" podría ser constitutiva de un delito de malversación.

Además, solicita al juez que se les atribuya también un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales, por la convocatoria o celebración de una reunión prohibida o suspendida.

Paralelamente, el sindicato de la Policía ha reclamado al juez que encargue a los Mossos d'Esquadra un informe completo sobre su actuación en los 28 centros de Barcelona donde se investigan las cargas.

Según argumenta el sindicato, la actuación de la Policía Nacional fue "necesaria" en esos centros "por el incumplimiento o incapacidad" de los Mossos d'Esquadra a la hora de mantener los puntos de votación cerrados, precintados o desalojados para impedir el referéndum.

Por este motivo, el SPP plantea al juez que ordene a los Mossos que elaboren este informe, con el objetivo de poder "determinar y depurar en su caso posibles responsabilidades penales por el incumplimiento del dispositivo diseñado por la Superioridad para cumplir con el mandato del TSJC" de impedir el referéndum.

El Sindicato Profesional de Policía ha presentado este escrito al juez después de que el magistrado acordara una serie de diligencias sobre la intervención de los antidisturbios y las órdenes previas que recibieron.

En el marco de su investigación, el juez ha citado para este martes como testigo al exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto.

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