Un informe de AI advierte que Chile "no ha cumplido" en materia de derechos humanos

Santiago de Chile, 30 may (EFE).- Un informe de Amnistía Internacional (AI), difundido este jueves, que analizó el primer año de Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, advirtió que varias de las medidas adoptadas durante este periodo "atentaron contra la igualdad, la dignidad y la justicia".

"Los Estados tienen la obligación de respetar los derechos con este fin y si estos derechos están siendo vulnerados o los Estados no toman las medidas necesarias para resguardarlos, existe una obligación incumplida y, por lo tanto, una deuda", señaló el organismo, que a su vez lanzó una campaña denominada "Piñera nos debe".

Según AI, en el momento en que esta Administración no firmó el Tratado de Escazú y el Pacto Global de Migraciones, "Piñera ha hecho que, con esta y otras decisiones que ha tomado, su deuda con relación a los derechos humanos haya aumentado".

Asimismo, el hecho de haber implementado un Programa de Regularización Extraordinaria para Migrantes en los términos en que se realizó -casi un millón de extranjeros han llegado a Chile en los últimos años- "son determinaciones que abultan la deuda de Piñera".

"La muerte (del comunero mapuche) Camilo Catrillanca como consecuencia del actuar del llamado "Comando Jungla" -grupo de elite de Carabineros - y la insistencia de aplicar la ley antiterrorista (en la zona de La Araucanía) pese a los cuestionamientos que ha tenido esta legislación, son aspectos que también acrecientan la deuda", señaló la directora ejecutiva de AI Chile, Ana Piquer.

Catrillanca murió de un disparo en la nuca mientras se desplazaba en un tractor, junto a un menor de 15 años, en la comunidad sureña de Temucuicui, donde vivía, durante una persecución policial de unos ladrones de automóviles que supuestamente se enfrentaron a tiros con carabineros.

Además, para Piquer, estos aspectos encienden las alarmas respecto de la estigmatización y criminalización del pueblo mapuche.

Según AI, otros temas en que la administración de Piñera está en deuda, son los problemas que siguen afectando a las personas de la comunidad LGTBI, "quienes siguen sufriendo ataques".

En esta línea el organismo recalcó que la ley antidiscriminación sigue sin modificarse "para hacer frente de manera integral a las diversas situaciones vejatorias que viven algunas personas".

Agregó en su informe que también se mantiene la desprotección que viven los niños y jóvenes chilenos, quienes continúan sin tener acceso a una educación sexual integral (ESI) por parte del Estado.

También destacaron la violencia policial que ha mostrado Carabineros en los diversos procedimientos en los que le ha tocado actuar.

En esta línea, advirtió que la Justicia chilena "aun no adopta medidas para que estos casos se investiguen y juzguen de manera independiente e imparcial, ni para prevenir adecuadamente que estos hechos sucedan".

Cuestionó el rumbo que ha tomado el Gobierno en algunos aspectos como modificar el Plan Nacional de derechos Humanos, lo cual debilitaría esa estructura, disminuyendo asuntos fundamentales para la comunidad LGTBI y para combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

También para AI, el hecho de que Chile haya firmado junto a otros cuatro presidentes de la región, una declaración cuestionando el Sistema Interamericano de Protección de los derechos Humanos "es particularmente grave".

No obstante, el informe reconoció algunos avances del Gobierno de Piñera que han contribuido a disminuir la deuda (en derechos humanos) como la promulgación y publicación de la ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

También destacó que la ley de identidad de género es un paso adelante que disminuye la deuda; sin embargo, subraya, dejar fuera a los niños trans, quienes incluso requieren de mayor protección y reconocimiento, "contribuye a que sigan sufriendo maltratos y humillaciones y, peor aún, es un escenario totalmente invisibilizado".

Finalmente, el organismo reparó en la decisión del Gobierno de realizar a fines de año la cumbre climática COP25 señalando que dicha determinación "no es un avance", menos tras haberse bajado del Tratado de Escazú, un acuerdo internacional que facilita el acceso a la justicia ambiental.

"Por el contrario, pone sobre la administración de Piñera una mayor presión para demostrar su liderazgo en la materia mediante medidas reales "en particular sobre normas de protección para los defensores del medioambiente", enfatizó Amnistía Internacional.