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Inspector Banco de España no ve delito en el retraso de tasaciones de Bankia

San Fernando de Henares (Madrid), 22 abr (EFE).- El exdirector de Inspección del Banco de España Pedro González ha rechazado este lunes ante la Audiencia Nacional que la excúpula de Bankia siguiera una "política definida de retrasar las tasaciones" a fin de alterar la imagen real del grupo, sino que la demora se debió al "inmenso lío organizativo" que sucedió a la fusión de las siete cajas.

"Creo que no había un especial dolo", ha indicado González en calidad de testigo a la sección cuarta de la sala de lo Penal, a la que ha apuntado que los entonces gestores de BFA-BANKIA (BKIA.MC)"tenían que atender 800 frentes" en una sociedad de gran complejidad que arrastraba "casi 9 millones de clientes".

El inspector ha insistido en que los problemas de BFA no tenían por qué afectar a su filial, Bankia, más allá de un posible "efecto reputacional" que pudiera provocar una salida de depósitos.

"Imagine que estoy prácticamente arruinado y tengo un cuadro que es un Dalí. ¿Por qué tiene que ver modificado su precio porque yo esté mal?", ha ilustrado al tribunal, ante el que ha refutado que las revisiones a la baja que sufrió la calificación de la matriz del grupo en 2012 pasaran mayor factura a Bankia.

En su opinión,

La entidad creada con el objetivo de salir a Bolsa tenía, en su opinión, su "vida propia" porque "no había obligación de apoyarse en BFA" ya que la mutualización se destruyó, de modo que entre ellas "sólo" existía un vínculo por el reparto de dividendos.

El exdirector de Inspección se ha referido además a la solvencia del grupo, y a preguntas de la fiscal Carmen Launa, ha matizado que, aunque la evolución "no era deseable", sí que era "aceptable".

"Se dice que la solvencia no es mala, pero que no es deseable porque dentro de los recursos propios hay 500 millones que quedaron en las cajas para sus obras sociales", ha indicado antes de aclarar que, aunque no les gustaba, la normativa lo permitía.

González ha reconocido que a finales de 2011 ya se tenía "la convicción de que había serios problemas" en el grupo y ha avalado la contabilidad que siguieron las cajas de BFA-Bankia en 2010, además ha reiterado que las pérdidas en las que podrían haber incurrido de haber cargado los ajustes de la integración contra resultados y no contra reservas no implicarían su descapitalización.

Ante la insistencia de la fiscal, ha defendido que él mismo entendió de los estados consolidados presentados tras la fusión que el nuevo banco había considerado su exposición al Banco de Valencia, principal sociedad participada de Bancaja que acabó siendo intervenida en noviembre de 2011.

En la recta final de la sesión, González ha mencionado el retraso en la entrega de las tasaciones de los activos inmobiliarios de BFA-Bankia tanto al Banco de España como a Deloitte, auditor externo del grupo.

Al respecto, ha relatado que no percibió una "actitud renuente" del equipo que dirigía el entonces presidente Rodrigo Rato, aunque ha admitido que el organismo llegó a prepararse para hacer una inspección inmobiliaria a mediados de 2012 que no culminó por el relevo en la dirección de la entidad.

González ha dicho que habló sobre las tasaciones con el socio de Deloitte Francisco Celma a partir de "octubre o noviembre de 2011", conversaciones de las que dedujo que iba a incluir una salvedad en las cuentas anuales de BFA por los activos fiscales.

No así en las de Bankia, cuyas dudas -ha apuntado el inspector- quedaban sujetas a nuevos datos en materia inmobiliaria.

Como acusado, Celma incidió en que no pudo emitir un borrador del informe de auditoría antes de la formulación de los estados de 2011 al carecer de detalles sobre tasaciones, riesgos y refinanciaciones, como se lo comunicó a Rato.

Tanto Celma como Rato se enfrentan a hasta doce años de prisión como solicitan las acusaciones particulares y populares también para una treintena de exdirectivos del grupo por supuesta falsedad contable y estafa a inversores.

La Fiscalía sólo dirige su escrito contra los cuatro antiguos administradores de Bankia (Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú), para los que pide entre cinco años y dos años y siete meses de cárcel.

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