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Los periodistas del caso Cursach declaran que se les forzó a dar sus móviles

Palma, 9 abr (EFE).- Los dos periodistas a quienes el juez Miguel Florit ordenó requisar sus móviles para investigar una presunta revelación de secretos en el caso Cursach han testificado este martes que se vieron forzados a entregar los teléfonos a la Policía y que se vulneró su derecho al secreto profesional.

Blanca Pou, redactora de Europa Press, y Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, han declarado como testigos ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que instruye la querella que ellos mismos y sus empresas han presentado contra Florit por prevaricación.

"Venían con una orden judicial, era la ley, no tenía ninguna opción b", ha manifestado tras declarar Pou, mientras que Mestre lo ha explicado con un símil: "Es como si vas al médico y te dice: 'O te operas o te mueres', claro que te operas".

La magistrada del TSJIB Felisa Vidal instruye la querella contra el juez que investiga el caso Cursach, quien en su declaración como imputado sostuvo este lunes que no atentó contra el derecho a mantener en secreto las fuentes al requisar los móviles de Pou y Mestre y controlar sus llamadas y las de los teléfonos de sus empresas durante dos años, lo que también hizo con una redactora y los teléfonos de la delegación de la Agencia EFE en Palma.

También respaldó este planteamiento el fiscal Anticorrupción Joan Carrau, que con el apoyo de sus superiores dio su visto bueno a la incautación de los móviles para intentar identificar a los autores de filtraciones a la prensa de documentos de la instrucción denunciadas por algunos de los acusados por la presunta trama de corrupción en torno al magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach

Pou, que ha declarado durante 40 minutos, ha reiterado ante la magistrada instructora que los policías que ejecutaron la orden del juez vulneraron su derecho constitucional al secreto profesional. "He insistido en que protesté", ha detallado.

"Sabemos ahora -ha dicho la periodista- que hacía meses que la Policía tenía acceso a mis llamadas y a los posicionamientos de mi móvil".

La redactora de Europa Press ha indicado además que ha expuesto ante la magistrada y los letrados de las partes que los agentes que registraron la sede de su empresa no le permitieron comunicarse con sus servicios jurídicos.

Kiko Mestre ha apuntado que, además de exponer los hechos, ha "denunciado el daño personal y profesional" que ha sufrido, y el perjuicio que la actuación del juez, la Fiscalía y la Policía supone para el ejercicio libre del periodismo.

"Si esto se justifica, no podremos proteger ninguna fuente, y por tanto se ha acabado el periodismo de investigación y se ha acabado, casi, el periodismo de denuncia", ha manifestado.

Mestre ha incidido en que se vio forzado a entregar su teléfono a los policías que se lo exigieron amparados por la orden del juez y que si hubiera opuesto resistencia podría haber acabado "detenido o con una acusación de un delito de desobediencia".

Ha precisado también que se le ha preguntado si se le ofreció la posibilidad de que la información contenida en el teléfono se volcara en otro dispositivo en su presencia, como preveía la orden del juez, una opción que nunca se le dio, según ha sostenido.

"Quién se fiará de mí o de cualquier periodista si la Policía, por orden de un juez, requiere el teléfono móvil, que es una herramienta fundamental para el trabajo de los periodistas", ha incidido el redactor, que ha agregado que la preservación en secreto de las fuentes "no es solo un derecho, es una obligación" para un informador.

El juez Florit, querellado en esta causa por presunta prevaricación, es a su vez el instructor de la pieza del caso Cursach en la que, a raíz de las filtraciones investigadas inicialmente, la Policía ha pedido la imputación del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, anteriores responsables de la investigación.

Florit ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que investigue a su antecesor y a Subirán por varios delitos, ya que la Policía considera que se concertaron con antiguos agentes del grupo de Blanqueo de Capitales para acusar con falsedades a policías, políticos y el entorno inmediato de Cursach.

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