José Luis Arístegui, uno de los mayores expertos en contratación electrónica y miembro de la Comisión de la Agenda Digital, hace balance de la situación actual de la transformación digital en la Administración Pública por lo que se refiere a la contratación pública. El director general de Vortal Connecting Business en España, advierte que un año después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), apenas el 50% de las licitaciones se realizan por medios electrónicos contraviniendo la ley. El próximo Congreso Nacional de Contratación Electrónica (IVCNCE19), que tendrá lugar en Sevilla el 21 de marzo, analizará en profundidad el sector tras un año de aplicación de la nueva LCSP.
¿Cuál es el balance que hace del primer año en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, LSCP 9/2017 que obliga a contratar electrónicamente? ¿Datos más relevantes que destacaría?
La Ley 9/2017 tuvo una tramitación parlamentaria agitada, debido a los cambios de gobierno y la necesidad de consenso ante el nuevo escenario político de ausencia de mayorías en la cámara. Quizá esta nueva realidad y un excesivo consenso, han tenido mucho que ver con que la nueva ley sea muy compleja en su aplicación e interpretación, principalmente difícil en los pequeños y medianos municipios, los que no disponen de personal municipal para las nuevas exigencias que supone un exceso de cargas administrativas, al generar una gran documentación a la hora de querer realizar un procedimiento de contratación.
Tras un año de aplicación podríamos decir que España traspuso tarde las directivas comunitarias, desarrollo una ley excesivamente larga y compleja y que obligó a las administraciones públicas desde su entrada en vigor, a realizar todas las contrataciones por medios electrónicos, sin tener un modelo de estado para su implantación, con las herramientas informáticas adecuadas y con un calendario claro de cumplimiento en los plazos. No hubo ni existe en la actualidad, ningún tipo de planificación y coordinación, a pesar de que desde el 2008 ya se conocían las intenciones de la comisión de implementar la contratación pública electrónica obligatoria.
Sirva como ejemplo lo sucedido con la inscripción obligatoria en ROLECSP (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado), para participar en los procedimientos simplificados, donde licitadores una vez ya entrada la ley en vigor, llevaban 4 meses esperando el visto bueno de Hacienda para su correcta inscripción, haciendo en algunos casos tomar medidas a los órganos de contratación contrarias a lo impuesto por la ley de contratos.
Como resumen, tras un año de aplicación de la ley en nuestras administraciones públicas, a fecha de hoy apenas el 50% de las licitaciones se realizan por medios electrónicos contraviniendo la ley, hay disparidad de criterios frente a situaciones idénticas por parte de los tribunales autonómicos y central, no hay medios suficientes para una buena aplicación de la ley por parte de los órganos de contratación en administraciones públicas de mediano y pequeño tamaño, no existe un modelo para la implementación efectiva de la contratación pública electrónica y no se está dotando a los funcionarios de los medios necesarios para su formación. Con lo cual la situación es mejorable o muy mejorable y no hay un liderazgo-coordinación por parte del estado.
El hilo de esperanza, es la nueva oficina de supervisión de la contratación que se ha puesto en marcha y que tiene la tarea de coordinar y poner orden, en este pequeño caos vivido durante este primer año de ejecución.
¿Qué cambios se han dado en la Administración Pública en el contexto de la puesta en marcha de la licitación electrónica obligatoria?
Como comentaba, España carece de un modelo para la implementación "efectiva" de la licitación electrónica, numerosas administraciones concluyeron su implantación con éxito y buenos resultados, entre 2010 y 2014 adelantándose al mandato legal, con soluciones suministradas por operadores privados, ejemplos son el Gobierno Vasco, diputaciones como la de Castellón u Ourense, o ayuntamientos como el de Gijón o Terrassa.
En la actualidad existen soluciones públicas desarrolladas por la Administración y el sector privado, prestando servicios a las administraciones públicas en materia de licitación electrónica, pero sin ningún tipo de regulación en su adecuación a la ley de contratos, o aspectos tan importantes como la seguridad e interoperabilidad, regulados ambos por dos reales decretos del 2010. Es un poco extraño ver como en la actualidad, un mercado que ha sido impulsado y creado por la iniciativa privada en España, se suman a él soluciones desarrolladas a medida por la Administración General del Estado o comunidades autónomas, siendo ofrecidas de forma gratuita a otras administraciones públicas fuera de su ámbito de competencia, sin un mandato legal para ello y con un servicio deficiente o muy deficiente en muchos aspectos, debido a las restricciones presupuestarias para la inversión y mantenimiento que demandan este tipo de sistemas informáticos y las necesidades de soporte, que hacen muy poco justificable el gasto de dinero público en este tipo de plataformas, en comparativa con los precios de un sector privado que serían infinitamente menores en un mercado en competencia, al igual que ocurre en países de nuestro entorno como Portugal, Reino Unido, Italia, Alemania, Dinamarca, Holanda, República Checa o Francia, donde hay plataformas privadas prestando estos servicios en un modelo en competencia, y que ha demostrado con resultados ser más efectivos, que los modelos públicos como algunos pretenden implementar en España e insisto de difícil o muy difícil justificación para la eficiencia en el gasto de dinero público. La Comisión Europea de hecho, en todos sus informes e intervenciones prefiere el modelo de colaboración público-privada para la implementación efectiva de la licitación electrónica, ya que ha demostrado ser el más adecuado y eficiente en países de mediano o gran tamaño como España.
¿Dónde reside el problema o los problemas principales por los que se da un nivel tan bajo de implementación de la contratación electrónica en España?
Lo primero que deben hacer los responsables políticos, es dotar con más medios a los departamentos de contratación, y facilitarles herramientas que permitan una mejor gestión en el trabajo diario de los gestores y tramitadores. Implementar políticas de racionalización del gasto, y formar a sus funcionarios en normativa y capacidades para manejar la tecnología.
El principal problema al que nos enfrentamos en España es la ausencia de un modelo para la implantación de la contratación electrónica, imponiendo políticamente en algunos casos el uso de plataformas públicas, en contra de decisiones técnicas, que no cuentan con un buen servicio de soporte, formación y que funcionalmente no están plenamente adaptadas, a las necesidades actuales de los órganos de contratación. Decisiones que perjudican a la Administración y los empleados públicos encargados de la contratación administrativa.
La solución es de sobra conocida por todos los grupos políticos del Congreso, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Patrimonio, porque así se les manifestó en numerosas ocasiones, al igual que a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que es crear un modelo de colaboración público privada que permita definir criterios técnicos para poder operar las plataformas de licitación electrónica en un mercado regulado, con un mínimo de condiciones de solvencia, y en un marco de respeto entre operadores privados y públicos. En ningún país de Europa, está sucediendo lo que ocurre en España, donde utilizando dinero público y sin habilitación a nivel normativo, se le está haciendo la competencia desleal a empresas privadas, que han realizado sus inversiones y apostado por un mercado, en el que las soluciones públicas han llegado más tarde, a remolque de las obligaciones legales, e intentando ahora imponer su modelo.
¿Cómo se vive el proceso en el sector privado?
Se vive con una gran preocupación ya que, con la aparición de las plataformas públicas con un modelo totalmente gratuito, se han visto afectadas las previsiones que habíamos realizado en el sector, que desde el 2009 llevamos invirtiendo en mejorar nuestros productos y servicios para un momento que sabíamos que llegaría, como es la aprobación de la ley y la obligatoriedad de la contratación electrónica. Es frustrante en ocasiones ver como peligra la inversión por tomar decisiones políticas amparadas en decisiones técnicas poco o nada justificadas, no amparadas por la actual legislación, en contra de lo manifestado por la Comisión Europea, y contrarias al modelo de gestión público mundial actual, que huye de las grandes inversiones en tecnología propietaria, acudiendo para ello al mercado.
El próximo jueves 21 de marzo, tiene lugar en Sevilla el evento por excelencia relacionado con la licitación electrónica, el IV Congreso Nacional de Contratación Electrónica (CNCE'19), ¿en qué han puesto el acento en su cuarta edición?
El Congreso de este año tiene como objetivo analizar en profundidad todo lo expuesto anteriormente. Se trata de un encuentro en el que, doce meses después de la entrada en vigor de la nueva LCSP, los mayores expertos en contratación electrónica tomarán el pulso de su puesta en marcha, a través de diferentes mesas de debate y con ejemplos de administraciones que ya hacen uso de la contratación electrónica. Un Congreso imprescindible para adquirir las herramientas y saber por dónde redirigir el camino
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