Cierran un caso por irregularidades en fondos de la seguridad social argentina

Buenos Aires, 12 mar (EFE).- Un juez sobreseyó una causa por presuntas operaciones irregulares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Argentina, informaron este martes fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por el juez federal Claudio Bonadio, quien tenía a su cargo la causa iniciada en 2017 contra, entre otros, al entonces ministro de Finanzas argentino Luis Caputo y al titular de la Anses, Emilio Basavilbaso.

La investigación se centraba en la venta de acciones que el Estado argentino tenía en la filial local de la petrolera brasileña Petrobras.

Esas acciones conformaban parte de los activos del FGS, un fondo que se alimenta con recursos de la Anses, el organismo público que administra las jubilaciones y pensiones en Argentina.

Fuentes judiciales citadas por la agencia estatal Télam indicaron que Bonadio determinó que no se ha acreditado que los denunciados hubiesen malvendido las acciones ni que dicha venta haya perjudicado las arcas del Estado.

Por el contrario, el magistrado concluyó que la operación permitió obtener una "buena rentabilidad" al FGS que tenía una "necesidad de liquidez" para hacer frente a pagos a jubilados.

"No habiendo tenido los nombrados una participación delictiva en esta pesquisa, es que habré de adoptar a su respecto un temperamento liberatorio de responsabilidad, dictando en consecuencia su sobreseimiento", dijo el juez en su fallo, citado por Télam.

En noviembre de 2016, el FGS se desprendió de una participación del 11,85 % en Petrobras Argentina, un paquete accionarial heredado de la estatización de los activos de las administradoras privadas de fondos de jubilación y pensiones.

A mediados de ese año, la filial local de petrolera brasileña había sido adquirida por la empresa argentina Pampa Energía, que estaba obligada por la ley a realizar una oferta pública de adquisición (OPA) de las acciones en manos de los socios minoritarios, entre los que estaba el FSG.

La denuncia por las supuestas irregularidades en esa venta de las acciones en poder del FSG había sido interpuesta por dos diputados opositores y un fiscal.