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Juristas y periodistas abogan por conciliar los derechos al honor y a la información

  • Los profesionales del periodismo defienden su autorregulación
Foto: Vista de una de las mesas de ponentes de la jornada. EE

Es preciso que se concilien, en los procedimientos penales, los derechos al honor y a la intimidad de víctimas e imputados, además de a la presunción de inocencia de estos últimos, con el derecho a la información, según reiteraron ayer magistrados, fiscales, abogados y periodistas que participaron en la Jornada Administración de Justicia y Libertad de Prensa, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y dirigida por el profesor de Derecho Penal, Íñigo Segrelles.

Para el magistrado del Tribunal Supremo, Enrique López, la fase más crítica del procedimiento es la de investigación criminal. Por eso, en el Protocolo de Comunicación de la Justicia del Consejo General del poder Judicial (CGPJ) se estableció la obligación de informar si hay hechos notorios, acto físico y una persona concernida.

Explicó que "cuando declara esa persona y es llevada en un furgón policial a prisión, hay un acto notorio. Entonces el juez no puede callar sobre si va a prisión o no, sino que al existir un auto, debe informar sobre ello y, por eso, en el protocolo se introdujeron unos mínimos sobre lo que hay que informar, respetuosos con esos derechos de los imputados".

Por el contrario, en la parte final del juicio existe el principio de publicidad y una sentencia es un hecho notorio en sí mismo que se debe publicar, afirmó el magistrado, quien abogó por que se regule un Estatuto del Periodista, como se ha hecho en Alemania, que refuerce el ejercicio de una información libre y veraz, el secreto profesional del periodista y que se exija esa veracidad.

También, abogó por la regulación de las grabaciones realizadas con autorización judicial y que son emitidas por los periodistas, "lo que vulnera un derecho fundamental de la persona afectada", indicó el magistrado.

Los periodistas que intervinieron en las diferentes mesas defendieron, por el contrario, la autorregulación, tal y como se realiza en el actualidad, mientras que la abogada de Auren, Laura Aran, abogaba por incluir sanciones en el Protocolo del CGPJ.

La magistrada Natalia Velilla, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, señaló que "en la Justicia dejamos informar sobre determinadas cuestiones en demasía, porque una vez que alguien da una idea es muy difícil destruirla", afirmó ayer.

En su intervención, Velilla explicó que "la comunicación defensiva siempre es peor que la comunicación proactiva, porque tienes que desmontar la idea que la sociedad se ha creado sobre una determinada sentencia para convencerles de tu versión".

Finalmente, el fiscal Guillermo García Panasco distinguió entre la información y la filtración en la instrucción, al tiempo que recordó que los youtubers y los tuiteros no son periodistas y confunden información y opinión.

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