El juicio del espionaje a rivales de Aguirre en el PP entra en su recta final

Madrid, 17 feb (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid abordará a partir de mañana lunes la recta final del juicio con jurado de seis acusados de espiar en 2008 a cargos políticos del PP enfrentados con la entonces presidenta de la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre.

Se sientan en el banquillo de lo acusados el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la Administración regional por el supuesto seguimiento a políticos como el exvicepresidente regional Alfredo Prada y el exvicealcalde madrileño Manuel Cobo.

La vista se reanudará mañana con las conclusiones definitivas y los informes de las partes, a cuyo término los acusados tendrán derecho a la última palabra antes de que el juicio quede visto para el veredicto del jurado y la posterior sentencia que dictará la presidenta del tribunal, Paz Redondo.

El abogado de la acusación ejercida por el PSOE ya adelantó al término de la última sesión, el viernes pasado, su intención de mantener su petición de cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación para Sergio Gamón y tres años prisión y seis de inhabilitación para Miguel Castaño por malversación de caudales públicos.

Para los otros cuatro acusados reclamará dos años de prisión por el mismos delito.

Además el PSOE estima que todos los acusados deben indemnizar a la Comunidad de Madrid en la cantidad malversada, que inicialmente cuantificó en algo más de 160.000 euros.

En esta causa no acusa la Fiscalía pero sí la Comunidad de Madrid, cuyo letrado pide en sus conclusiones provisionales multas de 18.000 y de 9.000 euros para Sergio Gamón y Miguel Castaño, respectivamente, además de tres años de suspensión de cargo público, como cooperadores necesarios del delito de malversación de caudales públicos.

Para cada uno de los otros cuatro acusados la Comunidad de Madrid solicita en su escrito de calificación provisional 1.800 euros de multa y suspensión de cargo público durante un año como autores materiales de dicho delito.

Por su parte, Enrique Molina, defensor de Gamón y Castaño, adelantó que pedirá la absolución de ambos por la nulidad de la prueba obtenida en este procedimiento.

Los abogados de los demás acusados, Javier Vasallo y Ramón González Bosch, ya anunciaron en la vista que solicitarán el archivo de la causa con anulación del juicio y disolución del jurado ante las nuevas revelaciones que realizó el miércoles en su declaración testifical en el juicio el excomisario de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Jaime Barrado.

Jaime Barrado denunció "cortapisas" que sufrió para investigar "más arriba" por el espionaje en 2008 a políticos del PP , así como "irregularidades" de los entonces responsable de la UDEF, José Luis Olivera, y fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.

Javier Vasallo y Ramón González Bosch pedirán además que se deduzca testimonio ante las revelaciones de Barrado para que se depuren las responsabilidades ante el Juzgado que corresponda y han adelantado su intención de emprender acciones penales, entre otros, contra Manuel Moix, Jose Luis Olivera y Jaime Barrado.

Al comienzo del juicio uno de los guardias civiles acusados declaró que "por especial interés" del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -que en la época de los hechos era vicepresidente primero- recibieron en 2008 "órdenes ilegales" de realizar "seguimientos" a políticos del PP como la exdelegada del Gobierno y expresidenta regional Cristina Cifuentes, Prada y Cobo.

Ignacio González, actualmente investigado en el caso de corrupción Lezo, declaró como testigo esta semana en el juicio y negó que ordenara realizar tales seguimientos, además de asegurar: "No tuve conocimiento de ningún espionaje salvo uno, del que yo fui objeto en esas fechas y que denuncié", en referencia al que habría sufrido en Colombia.

También testificó Esperanza Aguirre que igualmente negó que ordenara realizar dichos seguimientos y aseguró que se enteró de este caso por lo que publicó el diario El País.

El entonces consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, en la actualidad investigado en el caso de corrupción Púnica, manifestó que una investigación interna de la Comunidad de Madrid descartó que se hubiera realizado tal espionaje.