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Sector del partido gobernante en Paraguay denuncia una persecución judicial

Asunción, 31 ene (EFE).- Legisladores de Honor Colorado, sector del Partido Colorado opuesto al del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de la misma formación gobernante, denunciaron este jueves en rueda de prensa la existencia de persecución política a través de la "Justicia selectiva".

El senador Enrique Riera, que actuó como portavoz de Honor Colorado, sector al que pertenece el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), manifestó que observan "graves hechos de manipulación de la Justicia paraguaya" con "imputaciones selectivas" de las personas con un pensamiento contrario al del "Poder Ejecutivo reinante".

Las declaraciones de Riera se produjeron días después de que la Fiscalía imputara por "declaración falsa" ante la Contraloría General al senador colorado Javier Zacarías y a su esposa, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, suspendida en sus funciones por la investigación ya abierta contra ambos por enriquecimiento ilícito.

"Antes del 89 (fecha de la caída de la dictadura), también se usaba la Justicia para perseguir a los opositores. Es una conducta muy parecida a la que está llevando el señor presidente, coherente con sus orígenes", expresó Riera, en alusión a que el padre de Abdo Benítez fue secretario privado del dictador Alfredo Stroessner.

Riera mantuvo que los agentes fiscales actúan "con la velocidad de la liebre" cuando se trata de investigar a personas pertenecientes a Honor Colorado, mientras que esa rapidez pasa a "lentitud de tortuga" cuando los investigados son afines a Abdo Benítez y a su movimiento, Colorado Añetete.

En su discurso, el senador se refirió a los casos de la presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio; el senador Rodolfo Friedmann y el diputado Miguel Cuevas, todos próximos del sector político del mandatario y con causas investigadas.

También citó el caso del expresidente Fernando Lugo (2008-2013), de la formación de izquierdas Frente Guasu, "por usurpación de la función pública", o las denuncias contra el director del lado paraguayo de la represa de Itaipú, José Alberto Alderete, o del responsable del lado paraguayo de la binacional Yacyretá, Nicanor Duarte.

Para los congresistas de la bancada de Honor Colorado, el hecho de que estos casos no se muevan en los juzgados demuestra la existencia de una "una visión sesgada", frente a la celeridad con la que se abordan las procesos que afectan a los miembros del movimiento, como McLeod y Zacarías en Ciudad del Este.

Riera, en nombre de sus colegas, solicitó a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, que "baje una línea" para que los fiscales investiguen todos los casos por igual.

Además, ofreció respaldo legal e institucional a aquellos que "tengan el coraje y la dignidad de investigar y, si es necesario, imputar a los oficialistas de hoy".

Asimismo, pidió a los partidos de la oposición que "no permanezcan en un silencio cómplice y cobarde" y que se sumen a su denuncia y crítica.

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