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La Justicia mira atenta el intento opositor de desalojar a Maduro del poder

Caracas, 16 ene (EFE).- El poder Judicial venezolano mira con atención el nuevo intento de la oposición de desalojar a Nicolás Maduro del poder, que ejerce desde 2013, según ha dicho hoy el jefe de la Asamblea Constituyente (ANC), el chavista Diosdado Cabello.

De acuerdo con Cabello, los titulares del Supremo y la Fiscalía le informaron hace un par de días que han abierto una "averiguación formal" tras la controversia causada por el desconocimiento de la oposición al nuevo mandato de seis años que juró Maduro hace una semana.

"Me notificó el señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, que ya habían sido designados los jueces, y el señor fiscal que ya habían sido designados los fiscales para abrir una averiguación formal por todo lo que está ocurriendo", señaló Cabello en medio de su programa semanal de televisión.

"Aquí nadie se desespere, calma, cabeza fría, los que están desesperados son otros, nosotros estamos ganando", dijo a los simpatizantes del chavismo -en el poder desde 1999- que han visto en la última semana una batería de acciones legales y de calle de la oposición para dejar constancia de que no reconocen a Maduro.

Maduro juró el pasado jueves ante el TSJ un nuevo mandato presidencial de seis años, cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional.

El mandatario ganó con holgura los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso del antichavismo por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados sus principales dirigentes.

Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea no reconocen la legitimidad de su segundo término, que lo mantendrá en el cargo, al menos, hasta 2025.

Al tiempo, la oposición decretó el martes, desde el Parlamento, que Maduro usurpa el poder desde el 10 de enero, cuando se juramentó para otros seis años.

Además, el Legislativo acordó pedir a 46 países que no permitan al Gobierno de Maduro disponer de los activos y fondos de Venezuela en esos territorios, y dictó un decreto ley de amnistía para garantizar la "reinserción" de los funcionarios civiles y militares que ayuden a restaurar el orden constitucional, roto según el antichavismo.

Sobre este último punto, el vicepresidente de la Cámara, Edgar Zambrano, aseguró esta misma jornada que la herramienta legal no "está propiciando un golpe de Estado", como han sugerido algunos voceros del chavismo, "sino una respuesta constitucional y política por parte del sector militar".

Con todo, las decisiones del Parlamento no son atendidas por la rama Ejecutiva del país desde que fuera declarado en desacato a principios de 2016 por el Supremo, y solo semanas después de que la oposición se hiciera con la mayoría de los escaños.

Maduro, por su parte, ha desestimado las acciones del Legislativo y hoy puntualizó que fue elegido con "las mismas autoridades, los mismos centros de votación (y) las mismas máquinas" que se usaron en los comicios de 2015, que entregaron el control del Parlamento al antichavismo.

El plan de la oposición para echar a Maduro también incluye acciones de calle, que iniciarán el próximo día 23 con una manifestación en el marco de los 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, una convocatoria que reiteró hoy el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, durante un cabildo abierto ante cientos de personas en Caracas.

Y antes, Maduro había pedido a las autoridades del sector judicial que actúen "rápidamente" en caso de que llegaran a suscitarse protestas violentas en el país.

"La guarimba (protesta violenta) no puede volver al país, tenemos que garantizar la seguridad y el que intente guarimbear, que actúe rápidamente la ley y para la cárcel, compadre, el que intente guarimbear", dijo el mandatario en un acto de Gobierno transmitido en cadena de radio y televisión.

Durante la última jornada de protestas violentas contra el Gobierno de Maduro, que se extendió por cuatro meses de 2017, murieron más de 100 personas y otro millar resultó lesionado.

El Gobierno, en su momento, aseveró que el país sufrió millonarias pérdidas por la caída de la productividad y el comercio que causaron las manifestaciones.

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