
Madrid, 15 ene (EFE).- El exlíder de la ANC y diputado del JxCAT Jordi Sànchez expone en su escrito de defensa ante el Supremo que está "injustamente" en prisión preventiva por poner urnas y por la ideología que profesa, y advierte: "Este proceso, en realidad de lo que trata, es de poner en tela de juicio a la democracia española".
Sànchez hace este planteamiento en su escrito de conclusiones provisionales ante el Supremo, presentado por su abogado Jordi Pina, en el que pide, como otros de los procesados, declarar en catalán con traducción simultánea y que en la Sala se habilite espacio para cinco de sus familiares y cinco observadores internacionales.
Un escrito en el que manifiesta que en este juicio están en juego "los límites al ejercicio de derechos fundamentales como los de manifestación, de reunión, de libertad ideológica o de libertad de expresión, toda vez que se están criminalizando los ejercicios de movilización ciudadanos y colectivos".
Sánchez, para quien la Fiscalía pide 17 años de prisión por un delito de rebelión, muestra su "radical" desacuerdo con esa calificación, porque sus actuaciones de ninguna manera pueden calificarse de "alzamiento" ni hubo violencia alguna.
"Curiosa rebelión o sedición ésta en la que los ciudadanos presuntamente rebeldes o sediciosos, blandiendo por mayor arma un simple papel para depositar en una urna, al acabar la votación regresan pacíficamente a sus casas", plantea el excandidato a la Presidencia de la Generalitat.
En su escrito, Sànchez, en prisión desde el 16 de octubre de 2017, defiende que lo único que ha pretendido a lo largo de todo este proceso es defender el derecho a la autodeterminación de Cataluña mediante "actitudes democráticas, cívicas y pacíficas".
Afirma que el 20 de septiembre de 2017 fue "exclusivamente" un acto de "protesta" pacífico y que no hubo "ningún plan para tratar de impedir" el cumplimiento de la autoridad judicial ni de irrumpir en el interior de la Conselleria de Economía.
Algo que "no habría sido difícil", reconoce el acusado, dado que allí se congregaron "varias decenas de miles de personas que, si se lo hubieran propuesto, en pocos minutos podrían haber reducido a escombros los locales donde se estaba practicando el registro".
Ese día, añade, "los daños se limitaron a unos perjuicios materiales en vehículos", un resultado que tilda de "lamentable" pero que considera "muchísimo menos grave que los daños que a menudo se producen en innumerables manifestaciones ciudadanas de protesta o celebración deportiva".
Y en relación con el referéndum del 1-O, Sànchez reconoce que sabía que había sido declarado ilegal judicialmente si bien señala que únicamente se limitó a expresar su opinión política en favor de la votación y condena las "absolutamente desproporcionadas e innecesarias" cargas policiales.
Admite que ese día hubo "enfrentamientos aislados con la Policía" pero los atribuye a "reacciones ciudadanas concretas de resistencia".
Sànchez dedica también espacio en su escrito para alabar la "histórica" jornada del 9 de noviembre de 2014, por la que han sido inhabilitados varios responsables políticos como el expresident Artur Mas, que, a su juicio, fue "una demostración de democracia en mayúsculas" en la que no hubo "el más mínimo incidente violento". EFE
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