Tegucigalpa, 19 dic (EFE).- La Empresa Desarrollos Energéticos (DESA), implicada en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres en marzo de 2016, dijo hoy que el comportamiento de varias ONG internacionales ha sido "temerario e irresponsable" al aplaudir el controversial fallo judicial.
"El comportamiento de varias ONG globales ha sido temerario e irresponsable en tanto han aplaudido un profundamente controversial fallo judicial en el caso de Berta Cáceres en Honduras", dijo este miércoles el abogado de DESA, Robert Amsterdam.
Enfatizó que la posición de muchas ONG es que "este defectuoso fallo fue un 'paso positivo' para el estado de derecho en el país, cuando en realidad fue lo opuesto".
"Esta fue una corte que se arrodilló ante presiones externas al ver como una campaña de presión de activistas quebrantó su independencia", indicó.
Amsterdam hizo esas declaraciones en una carta abierta que su equipo de defensa entregó a varias docenas de ONG internacionales y público en línea.
"Un endoso del fallo, especialmente antes de que el récord entero de la corte haya sido hecho público, implica un respaldo a un proceso viciado profundamente, y rebaja el estándar que se espera de las cortes en Honduras a la vez que erosiona más aún el estado de derecho en el país", enfatizó.
Señaló que la celebración no solo ha resultado "en el encarcelamiento de un hombre inocente, Sergio Rodríguez (ejecutivo de DESA), sin evidencia suficiente, también pone al país en un camino en donde los fallos con motivaciones políticas son vistos como una forma aceptable de justicia - aun cuando violen la ley".
La justicia de Honduras declaró el 30 de noviembre culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados por el asesinato el 2 de marzo de 2016 de la ambientalista Berta Cáceres.
Los siete acusados declarados culpables son Sergio Rodríguez; Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte.
Las penas de prisión a las que serán condenados se conocerán el 10 de enero de 2019.
La carta de Amsterdam cita declaraciones de un abogado de los acusadores, al que no identifica y que "similarmente admitió en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el fallo podría ser revocado dadas esas irregularidades procesales".
Además, identifica muchos de los "defectos cruciales" en el proceso judicial y subraya "la fundamental ausencia de evidencia concluyente" contra Rodríguez.
"Como estas organizaciones quieren tanto que se haga justicia, han acríticamente aceptado conclusiones sin exigir evidencia. Muchas han decidido que este tipo de fallo es aceptable, que DESA y otros deben ser encontrados culpables", añade.
Lo anterior, agregó el abogado, simplemente porque el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) "eso dice, aunque ello signifique violar la ley y violar derechos humanos para así conseguirlo".
Amsterdam destacó que el Copinh ha sido "una fuerza dominante en lo relativo al control de la narrativa pública del caso. Han presentado una historia limpia y lógica".
Esa historia señala que "una activista en una cruzada chocó con una compañía hidroeléctrica y pagó el precio último por su resistencia y que ahora una insidiosa estructura del 'estado profundo' y 'élites' económicas deben ser traídas a rendir cuentas en servicio de la justicia", precisa.
"Desafortunadamente, no es una historia que se base en ninguna evidencia, y la aparente falta de preguntas y de debida diligencia de las ONG para substanciar esta teoría es, muy francamente, alarmante", resalta el abogado de DESA.
La empresa DESA era la responsable de un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país al que Berta Cáceres se oponía.
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