Madrid, 18 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y cuatro vecinos de esta localidad han presentado hoy en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla una querella para que la justicia investigue los crímenes del franquismo.
El Consistorio de Rivas ha recogido estos testimonios en su Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo con el objetivo de exigir "verdad, justicia y reparación" para los represaliados durante la dictadura.
La querella incluye dos casos de desapariciones forzadas con delitos de asesinato, un delito de torturas graves y un delito de detención ilegal por haber sufrido prisión una persona, por una multa gubernativa.
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid es el primero de la Comunidad de Madrid que ha presentado esta querella, según el alcalde de esta localidad, Pedro del Cura, quien ha hecho un llamamiento al resto de los municipios de la región que también tienen entre sus vecinos a familiares, hijos o represaliados del franquismo para que "salgan en defensa de la ciudadanía, abran una Oficina de Atención a las Víctimas, donde se puedan registrar estos hechos tan graves, y los pongan a disposición de la justicia".
Del Cura ha pedido justicia para "los verdaderos patriotas", la gente que por querer traer la democracia y las libertades a este país sufrió "una doble represión, primero, la que tuvieron por el régimen franquista y después la que tuvieron por el manto del olvido".
En el cuarenta aniversario de la Constitución, no se puede "dejar en la estacada" a la gente que todavía hoy "no puede explicar parte de su biografía" y "no puede cerrar sus heridas" hasta que no se haga justicia, ha señalado el regidor, quien ha opinado que "ninguna ciudad de este país puede mirar hacia otro lado".
Uno de los casos es el del abuelo de Carmen García, un militar de la República, que fue detenido y llevado ante un pelotón de ejecución el 24 de febrero de 1940.
El Ministerio del Interior certificó que Leandro -el abuelo de Carmen- fue fusilado ese día y enterrado en el Cementerio del Este, pero eso jamás se comunicó a la familia, que nunca supo qué pasó, ni dónde estaban sus restos. Hace un año apareció un certificado de defunción en el que constaba que había muerto de cirrosis en un hospital en Fuencarral.
Otro de los casos es el de Gonzalo García Beltrán, que fue detenido en 1939, fue condenado a muerte, aunque después le conmutaron la pena a treinta años de prisión, pero a los cuatro o cinco meses fue fusilado.
"A partir de ahí no sabemos nada más. Creemos que está enterrado en un cementerio en Carabanchel, pero no tenemos ninguna certificación; no tenemos ninguna información", ha explicado su bisnieta, Yolanda, quien ha indicado que la familia desconoce los motivos de la detención y condena de su bisabuelo, que perteneció al Partido Sindicalista durante la República, pero no fue un militante activo.
El único querellante vivo ha precisado que fue detenido por la Guardia Civil en diciembre de 1973 durante una huelga, junto a otras dos personas, pasó un día el cuartel, luego fue trasladado a la Dirección General de Seguridad y finalmente estuvo un mes en la cárcel de Carabanchel, acusado de repartir el oro de Moscú en Madrid y con una multa gubernativa de 100.000 pesetas.
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