Tegucigalpa, 13 dic (EFE).- El Parlamento de Honduras aprobó hoy, por tercera vez, ampliar hasta enero de 2022 el período de trabajo de la comisión para la depuración de la Policía Nacional, que en más de dos años ha logrado la destitución de 5.521 oficiales por sospechas de corrupción y otras causas.
La iniciativa -presentada por el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano- establece que la comisión especial continuará trabajando en el proceso de transición de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didapol) hasta el 20 de enero de 2022.
Zambrano, del Partido Nacional (en el poder), afirmó a periodistas la ampliación del período de trabajo de la Comisión para la Depuración y Transformación de la Policía de Honduras, aunque no precisó la cantidad de parlamentarios que apoyaron su iniciativa.
Desde su creación, en abril de 2016, un total de 5.521 oficiales han sido destituidos de la Policía hondureña como parte del proceso de depuración, según cifras de la comisión depuradora.
La comisión especial fue nombrada por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, para acelerar el proceso de rectificación de la Policía y está integrada por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, el pastor evangélico Alberto Solórzano y el representante de la sociedad civil Omar Rivera.
Zambrano destacó el trabajo desarrollado por los integrantes de esa comisión especial y del ministro de Seguridad, Julián Pacheco, en el fortalecimiento de la Policía hondureña.
"Los resultados de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía son tangibles", subrayó el diputado oficialista.
El presidente Hernández aceleró el proceso de depuración policial, iniciado en 2011 sin los resultados esperados, tras las publicaciones del diario hondureño El Heraldo y del The New York Times, en abril de 2016, sobre agentes que supuestamente participaron en el asesinato del titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Julián González, en diciembre de 2009.
Según las publicaciones, el crimen de González fue planificado por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño.
Agentes y oficiales también planearon el asesinato del exasesor en materia de narcotráfico Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011, y del fiscal Orlan Chávez, en abril de 2013, de acuerdo al diario El Heraldo, que se edita en Tegucigalpa.
