Madrid, 13 dic (EFE).- Las agresiones a funcionarios en las cárceles españolas se han reducido a más de la mitad desde 2010, cuando se produjeron 475, mientras que en lo que va de año se han contabilizado 218, que incluyen tanto las muy graves, como las graves, leves y sin lesiones.
Son datos que el secretario general de Instituciones Penitenciarias ha ofrecido en la Comisión de Interior del Congreso mientras en las inmediaciones de la Cámara Baja se concentraba un grupo de funcionarios para reivindicar mejoras salariales.
Para Ortiz, con los datos de agresiones y dado el número de interacciones diarias entre interno y funcionarios, "no puede sostenerse que se trata de un entorno laboral conflictivo".
De todos modos, ha recordado que se ha puesto en marcha un protocolo de actuación frente a las agresiones y ha dicho que son ya 1.799 hombres y 219 mujeres los funcionarios que ya han recibido formación a través de ese programa.
Ortiz ha valorado la profesionalidad de los funcionarios de prisiones, que está redundando en un descenso de las agresiones, cuyo número en España está por debajo de países como el Reino Unido o Francia.
Respecto la conflictividad laboral, que ha llevado a los sindicatos a protagonizar varias jornadas de huelga y diversas concentraciones, Ortiz ha explicado que se han convocado 956 plazas, de las que 831 son para el cuerpo de ayudantes, que, con un coste de 35,3 millones de euros, quiere que estén ya cubiertas en los primeros meses de 2019.
Con ello, se comenzarán a cubrir las 2.277 plazas vacantes, ha dicho Ortiz, que ha enumerado otras medidas tomadas por su actual equipo, como que no se descuente en la productividad las ausencias por ingresos hospitalarios, sesiones de quimioterapia, enfermedad grave o accidente laboral.
Además, en el caso de agresiones graves, el funcionario podrá contar con la asistencia jurídica de la Abogacía del Estado, y todos podrán computar el tiempo de prácticas cuando pasen a segunda actividad.
Ortiz ha respaldado la propuesta que ya se tramita en el Parlamento para considerar a los funcionarios de Prisiones agentes de la autoridad.
Y ha recordado que su intención en reducir las nueve categorías existentes para que las diferencias salariales no sean como hasta ahora, de hasta 737 euros mensuales.
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