El Senado avala reformas en los tribunales para mejorar la respuesta al maltrato

Madrid, 12 dic (EFE).- El Senado ha avalado por unanimidad las reformas de la Ley del Poder Judicial (1985) para que los tribunales mejoren la respuesta frente al maltrato machista, remitiendo al Congreso de los Diputados el texto para su aprobación definitiva con algunas propuestas respeto a las víctimas con discapacidad.

El pleno ha respaldado el dictamen de la ponencia sobre la proposición de ley de reforma de la Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género, sin incluir ninguna de las enmiendas defendidas hoy por Unidos Podemos y por el senador del Grupo Mixto Jordi Navarrete.

El texto, que hace hincapié en la formación en igualdad y en materia de no discriminación de los distintos actores judiciales, se remite al Congreso con la propuesta de mejorar la atención y protección de las víctimas con algún tipo de discapacidad, incorporando las estadísticas sobre violencia machista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las enmiendas rechazadas hoy en la Cámara Alta proponían añadir el alcance de esta reforma, extender las competencias de los jueces especializados y su formación a todas las violencias sexuales que se ejerzan sobre las mujeres.

"Aunque no se produzcan en el marco de la pareja", ha argumentado el senador de Unidos Podemos Joan Comorera, "la violencia sexual es ejercida contra la mujer por el mero hecho de serlo".

En este sentido, el senador Navarrete ha reclamado que se hicieran en esta iniciativa las reformas necesarias en el poder judicial para ampliar esa definición de violencia de género, tal y como recoge el Convenio de Estambul.

El Senado no ha incluido ninguna de esas propuestas porque está previsto incorporarlas en una futura ley de trata y de violencias sexuales, ha recordado la parlamentaria popular Susana Camarero.

Durante su intervención, la senadora del PP ha destacado que la reforma se remite al Congreso mejorada, con los cambios respecto a las víctimas con discapacidad, pero con "un sabor agridulce" por la postura de algunos partidos que no son tan "leales con el pacto" como su grupo.

En su turno, la senadora del PSOE Laura Berja ha reprochado al PP el uso por parte de sus dirigentes, como su presidente Pablo Casado, del término "ideología de género", que "comparte con Vox y Ciudadanos", y ha reclamado que no se convierta con esas expresiones "en cómplices del machismo".

"El PSOE en el Gobierno está cumpliendo el pacto y su dotación económica es una realidad porque ya cuentan con ella las comunidades autónomas; se han dado pasos firmes para cumplir con las víctimas y el pacto de Estado", ha añadido la socialista Fuensanta Lima.

Ha discrepado la senadora del PP María Teresa Tortonda, quien ha preguntado en el debate: "¿Para cuándo el pacto? ¿Para cuándo las 268 medidas aprobadas en el Senado y las 213 del Congreso?", tras seis meses en el Gobierno.

A pesar del cruce de reproches, los grupos han expresado ese apoyo al cambio legislativo en el poder judicial, que será la primera reforma legal en aplicación del pacto de Estado aprobado por el Parlamento el 28 de septiembre de 2017.

La reforma establece que el Consejo del Poder Judicial debe asegurar que las dependencias impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, unas salas que serán accesibles para las víctimas con discapacidad y que serán utilizadas también en casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual.

La iniciativa pretende garantizar la adquisición de conocimientos sobre igualdad y en materia de no discriminación en las oposiciones a la carrera judicial, en los cursos de la Escuela Judicial y en la formación continuada impartida por el Consejo del Poder Judicial.

Las medidas acordadas afectan a los miembros de la carrera judicial, tanto de los juzgados especializados en violencia de género, como a los jueces de familia y de menores.

Así, prevé aumentar la capacitación judicial en "derecho antidiscriminatorio, incluyendo la perspectiva de género y la transversalidad" durante los procesos de formación, pasando a ser una materia obligatoria y evaluable e incluir pruebas específicas en violencia machista como requisito para concursar a órganos judiciales especializados.

El pacto de Estado también acuerda reforzar la especialización de los Juzgados de lo Penal, bien de manera exclusiva, cuando el volumen de trabajo lo justifique, bien de manera compatible con otras materias.

El Observatorio de Violencia Doméstica y de Género deberá enviar cada año un informe sobre los datos que recopila de los juzgados que conocen esos casos de violencia de género a la Comisión Parlamentaria del Seguimiento del pacto.