Barcelona, 28 nov (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha dado cinco días a la defensa del exdiputado de CiU Oriol Pujol y a las demás partes en el "caso ITV" para que se posicionen sobre el informe de la Fiscalía que pide su ingreso inmediato en prisión para cumplir la pena de dos años y medio de prisión que le fue impuesta.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la sección vigésima de la Audiencia, de la que forma parte la juez que condenó a Oriol Pujol tras un acuerdo de conformidad por los delitos de falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, ha trasladado hoy a las partes el informe de la Fiscalía instando al ingreso inmediato en prisión del exsecretario general de CDC y expresidente del grupo parlamentario de CiU.
Una vez reciban el informe, la defensa de Oriol Pujol y las demás partes tendrán cinco días hábiles para contestar a la petición de la Fiscalía, antes de que el tribunal adopte su decisión sobre el ingreso en prisión del exdirigente de CDC.
La Fiscalía ha pedido el ingreso inmediato de Oriol Pujol en prisión al considerar que de esta forma se cumplirá la "función reeducadora" de la pena y dada la "naturaleza y gravedad" de la "corrupción política" por la que fue condenado.
En el informe, que ahora se ha entregado a las demás partes, el ministerio público se opone a la petición planteada por Oriol Pujol de que se suspenda su entrada en prisión para cumplir la pena que se le impuso por usar su influencia política para favorecer a empresarios afines y cobrar comisiones ilegales en el caso de las ITV.
La fiscal anticorrupción Teresa Duerto sostiene que ni las circunstancias personales de Oriol Pujol, que actualmente trabaja como autónomo como agente comercial de una empresa, ni su conducta bastan para "renunciar sin más" a la "función reeducadora, intimidatoria y pedagógica" del cumplimiento de la pena de cárcel, atendida la "naturaleza y gravedad" de los hechos por los que fue condenado.
"Luchar contra la corrupción y el fraude es una de las prioridades absolutas a nivel nacional y europeo, por cuanto la corrupción es una lacra de la sociedad y supone un ataque a la estructura democrática de cualquier Estado. De tal modo que, precisamente en casos como el que ahora nos ocupa, es cuando más necesaria es la ejecución de la pena de prisión a fin de atender el orden jurídico", sostiene al informe de la Fiscalía.
