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El fiscal mantiene la existencia de una "trama criminal" entre vinculados al PNV

Vitoria, 26 nov (EFE).- El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha mantenido hoy que los imputados del caso De Miguel constituyeron una "trama criminal", con prácticas mafiosas, dedicada a lucrarse con la obtención indebida de fondos públicos, y con un nexo común entre "casi todos" los acusados, su relación con el PNV.

Izaguirre ha comenzado hoy a presentar su informe final en el juicio que desde enero se sigue en la Audiencia Provincial de Álava por el conocido como caso De Miguel, una presunta trama dedicada a la obtención de contratos públicos y al cobro de comisiones ilegales con 26 acusados.

Entre ellos hay varios exdirigentes del PNV alavés, como el que fuera número dos del partido en esa provincia y diputado foral Alfredo de Miguel, así como los exmiembros de la ejecutiva de Álava Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

El fiscal ha indicado que el origen del caso no es la denuncia presentada en 2009 por una "loca" que dice que ha sido extorsionada para lograr un contrato en el Parque Tecnológico de Álava (PTA) sino que es una abogada que aportó a la Fiscalía "elementos muy contundentes", como grabaciones y un correo electrónico en el que De Miguel le reclamaba una "mordida" de 100.000 euros desde su correo oficial cuando era diputado foral.

Izaguirre ha indicado que desde el primer momento se observa que se trata de una "trama" u "organización criminal", de "gente con poder" que actuaba con "impunidad", y con un "nexo común" entre "casi todos" los acusados, "algún tipo de relación con un partido político", el PNV.

"Estamos ante prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio", ya que se reclama una comisión ilegal que se dice que se va a cobrar "sí o sí" e incluso se cita al padre de la denunciante a una comida para seguir con la petición de la mordida, ha descrito el fiscal, quien ha ironizado con el "toque vasco", de extorsionar "comiendo".

Izaguirre ha reivindicado asimismo el buen trabajo hecho por el juez instrucción y por la Ertzaintza en este caso, y ha recordado que los agentes trabajaron bajo el control "constante" del juzgado, una decisión "acertada" porque, según ha dicho, las investigaciones "pierden vigor" cuando se acercan a los "aledaños" del Ejecutivo.

En este sentido ha respaldado la legalidad de las pruebas, como las grabaciones que sirvieron para destapar esta presunta trama, en las que se escucha a varios de los imputados reclamar una supuesta comisión, y ha censurado que las defensas hayan afirmado que la Ertzaintza "ha creado o manipulado pruebas".

"La grabadora y su archivos de voz son una prueba legal y válidamente aportada" y no se ha podido demostrar nada que pueda dar origen a su anulación tal y como pretenden las defensas, ha precisado.

Izaguirre ha pedido al tribunal que tenga en cuenta que los acusados han declarado tras la práctica de la prueba y que quince de ellos no han querido responder a las preguntas de la Fiscalía.

Solo lo han hecho los seis que han llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público, que han reconocido el abono y pago de comisiones a la presunta trama corrupta en la vista, y los dos exmiembros del Gobierno Vasco imputados.

El fiscal ha reconocido la extrema complejidad de este caso, el mayor de presunta corrupción instruido y juzgado en el País Vasco, y ha dividido su exposición en base a la decena de bloques o presuntas operaciones ilegales en las que se ha organizado este caso.

Izaguirre se ha centrado por la mañana en las supuestas irregularidades cometidas en la ampliación del Parque Tecnológico de Álava (PTA), donde De Miguel reclamó, según la Fiscalía, una comisión ilegal de 100.000 euros por adjudicar un contrato a la empresa de la denunciante.

En este caso, el representante del Ministerio Público ha asegurado que otro de los imputados, el entonces presidente de los Parques Tecnológicos Julián Sánchez Alegría, actuó como hacen las "mafias", "protegiendo a los suyos y dejando a los pies de los caballos a la ciudadanía", porque era conocedor de la reclamación de la "mordida" y no acudió a la Policía.

Izaguirre reclama 29 años y 9 meses de cárcel para De Miguel tras rebajar en su escrito de conclusiones definitivas las penas iniciales solicitadas para él (54 años y 11 meses) y para el resto de los acusados, incluidos los seis para los que ahora reclama la absolución.

Entre los delitos que la Fiscalía imputa al exdiputado foral están los de asociación ilícita en grado de dirigente, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y coacciones.

La defensa de De Miguel pide su absolución.

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