Guatemala, 21 nov (EFE).- La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) pidió hoy que se respete "la independencia funcional de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala" después de que se conociera que el Congreso de ese país centroamericano prevé un recorte presupuestario de su partida para el año 2019.
Esta merma en los recursos financieros de la institución afecta, según la entidad, que reúne a 20 países iberoamericanos, el actuar del Procurador, Jordán Rodas, quien goza de medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y a la población, cuyos derechos humanos "son salvaguardados por dicha entidad creada constitucionalmente para ese fin".
"Con estas medidas que ha tomado el Organismo Legislativo se afecta gravemente la independencia funcional de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, ya que un presupuesto insuficiente puede hacer que la institución sea ineficaz o impedirle que logre su eficacia plena", explicó la entidad en un comunicado.
Es por ello que hizo un llamamiento a las autoridades de Guatemala para que dentro del ámbito de sus competencias "reflexionen respecto a su actuar en materia presupuestaria" para la Procuraduría.
Después de conocerse este comunicado, el Ombudsman de Guatemala dijo, en una conferencia de prensa, que su institución "no claudicará" ante el "boicot" que pretenden hacer los partidos aliados al oficialismo en el Congreso y que regresan el presupuesto a hace una década.
La Procuraduría de los Derechos Humanos había solicitado un presupuesto de 145 millones de quetzales (18,8 millones de dólares) para 2019, lo que significaba un aumento de 25 millones de quetzales (3,2 millones de dólares) respecto del ejercicio fiscal de 2017 y 2018, pero la Comisión legislativa de Finanzas propuso al pleno que se le otorguen 100 millones de quetzales (13 millones de dólares)
Ante esta situación, exhortó a los diputados a que restituyan las capacidades financieras "mínimas" para poder cumplir con su función, pero advirtió que el recorte "no va a cercenar" su labor: "Si el Congreso no rectifica, en octubre de 2019 cerraremos la institución de la Procuraduría de Derechos Humanos".
A su juicio, el objetivo de esta decisión es "desestabilizar y debilitar" la independencia de la institución, "erosionar las capacidades de fiscalización del cumplimiento de las garantías constitucionales en todo el país" e incluso afectar a la observación del próximo proceso electoral.
Rodas, que prometió seguir trabajando aún cuando no tenga salario por falta de presupuesto, aseguró que ningún miembro de la entidad que dirige va a ser "víctima de la vendetta política de algunos diputados molestos" por su trabajo.
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