Tegucigalpa, 5 nov (EFE).- Cinco de los ocho acusados por el asesinato hace más de dos años de la ambientalista hondureña Berta Cáceres continuarán en prisión porque "aún no concluye el tiempo" de esa medida, informó hoy el Ministerio Público de Honduras.
El organismo hondureño solicitó el pasado viernes al Poder Judicial "el cómputo" sobre el tiempo de prisión preventiva de cinco de los ocho acusados por el crimen, que presuntamente vencía el 2 de noviembre, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
"Hoy la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al hacer el cálculo final, determinó que ninguno de ellos podía salir libre porque aún no concluye el tiempo de prisión establecida", añadió la información oficial, que no precisó ninguna otra fecha.
Sergio Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (mayor del Ejército) y los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Meza, son los acusados a los que supuestamente se les vencía el plazo de prisión preventiva.
Los otros imputadas son Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández y Oscar Aroldo Torres, y el Ministerio Público no se ha referido al vencimiento de la medida cautelar contra ellos, que fueron impuestas en tiempos diferentes puesto que las detenciones no ocurrieron todas al mismo tiempo.
El artículo 181 del Código Procesal Penal establece que "se puede extender el tiempo de la prisión preventiva", cuando se registran "dilatorias por culpa de la defensa", por lo que el Tribunal Supremo determinó que la medida judicial "aún no termina", añadió la información oficial.
El Código Penal señala también que "no se va a contar el tiempo que haya derivado de las demoras producidas por gestiones de la defensa y que estas hayan sido declaradas sin lugar, además este tiempo de la prisión preventiva se podrá ampliar, de acuerdo a lo que establezca el tribunal que conoce la causa", indicó el Ministerio Público.
El tribunal de sentencia dejó al Ministerio Público como representantes de las víctimas al determinar que la familia de Berta Cáceres y la defensa habían abandonado el juicio.
La familia de Berta Cáceres ha condenado esa decisión del Tribunal, ha denunciado una "falta de transparencia" en el juicio, y expresado sus temores de que el crimen de la reconocida ambientalista "quede en la impunidad".
Los abogados que llevan el caso de Berta Cáceres presentaron el 19 de octubre pasado una nueva recusación contra el tribunal de sentencia, por lo que no se presentaron ese mismo día a la audiencia para iniciar el juicio, que comenzó un día después.
En el juicio, la prueba "científica y demás diligencias" de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, son "clave" para que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida obtenga "un fallo de culpabilidad" en este caso, agregó el Ministerio Público.
Las autoridades hondureñas "hacen lo propio para demostrar la vinculación de cada encausado con los hechos que se les imputan a través de más de 100 medios de prueba, entre ellos los análisis y pericias respectivas al arma con la cual le quitaron la vida a la líder ambientalista el 3 de marzo de 2016 en la Esperanza, Intibucá", explicó.
Cáceres fue asesinada en su vivienda, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
Por este caso también está detenido Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA, a la que Berta Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
Castillo es acusado como "autor intelectual" del asesinato de la ambientalista, mientras las autoridades continúan las investigaciones para "determinar la implicación" de otras personas en el crimen.
El investigador Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcángel Rosales están en prisión preventiva desde noviembre de 2017 presuntamente por aportar pruebas falsas para desviar las pesquisas en la investigación del asesinato de Cáceres.
