Tegucigalpa, 29 oct (EFE).- El Poder Judicial de Honduras, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron hoy un acuerdo orientado a fortalecer el acceso a la justicia para la población vulnerable, informó una fuente oficial.
La carta de entendimiento fue suscrita en Tegucigalpa por el titular del Poder Judicial hondureño, Rolando Argueta, el representante de Acnur en Honduras, Andrés Celis, y la delegada de la CIDH, Giulia Testa.
El objetivo del convenio es "fortalecer la capacidad técnica de la rama judicial en desplazamiento forzado por violencia, sistema interamericano y protección internacional la Corte Suprema de Justicia en Honduras", indicó la oficina de prensa de Acnur en un comunicado.
Argueta dijo que el proceso formativo para los servidores judicial es de "suma importancia" para que cuenten con las "herramientas suficientes a nivel jurídico para tutelar los derechos y garantías de población desplazada por distintas circunstancias".
El acuerdo contribuirá, a través de la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro, a impulsar la especialización de al menos 130 magistrados y jueces, añadió.
Además, permitirá iniciar un proceso de "diseño de herramientas, marcos legales y protocolos para fortalecer el acceso a la justicia por parte de la población con necesidades de protección", señaló Acnur.
La primera fase de formación de magistrados y jueces incluirá "los estándares internacionales y el análisis de afectaciones como el abandono de tierras y vivienda, así como a sectores específicos de población", agregó.
El representante de Acnur en Honduras dijo que para las víctimas de violencia saber que existe "un juez dispuesto a proteger sus derechos, significa la disminución de su vulnerabilidad de sus derechos y una puerta hacia el encuentro de soluciones frente a estos problemas".
El esfuerzo conjunto se enmarca en el vigésimo aniversario de los Principios Rectores para los Desplazamientos Internos, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de Honduras en el marco Integral Regional de Soluciones y Protección.
