Lima, 24 oct (EFE).- El presidente del Poder Judicial de Perú, Víctor Prado, explicó hoy que el proceso de extradición del fugado exjuez César Hinostroza, preso en una cárcel de España, deberá esperar a que las autoridades españolas "resuelvan" la solicitud de asilo.
Durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Prado detalló que "según la legislación española", un caso como el de Hinostroza requiere antes una resolución "determinante" sobre la solicitud de asilo, para después seguir con el proceso de extradición.
Hinostroza, quien es acusado de liderar una gran trama de corrupción en el seno de la judicatura peruana, se fugó a España el 7 de octubre pasado, aun cuando tenía una prohibición para salir del país.
Una vez instalado en Madrid, presentó ante las autoridades españolas un pedido de asilo, según confirmaron los Gobiernos de España y Perú.
No obstante, tras un pedido de Perú, el exjuez fue detenido y trasladado a la cárcel madrileña Soto del Real, a la espera de que la Justicia de dicho país resuelva su extradición.
Al respecto, Prado lamentó que Perú y otros países latinoamericanos estén "condenados a padecer las reglas clásicas formales, los tiempos prolongados y las decisiones complejas que implica el procedimiento de extradición", por no contar con "mecanismos de cooperación judicial internacional" como es la Euro Orden.
No obstante, expresó su confianza en que el trámite bilateral "alcance los resultados propios de una cooperación que se base en la lucha contra la corrupción".
Asimismo, se refirió a la dilación del Congreso en remitir la denuncia de Hinostroza a la Fiscalía, que fue aprovechada por el exmagistrado para fugarse por la frontera con Ecuador, gracias a la presunta connivencia de una funcionaria del control migratorio.
"Parece que seguimos en el tiempo de la carreta. Aquí debemos usar la tecnología. Si yo tengo un expediente, ¿por qué no lo puedo escanear para enviarlo al fiscal?, expresó.
"La conectividad existe y es importante que los países la usen", agregó.
También hizo un llamado a las instituciones para que tengan en cuenta que "las órdenes de impedimento de salida del país no son eternas", y que "tiene un plazo legal", por lo que las partes que requirieron esta prohibición "deben estar atentas".
Hinostroza fue destituido e inhabilitado por diez años por el Congreso, que además aprobó acusarlo penalmente por patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias y organización criminal.
El exmagistrado presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y era el juez de mayor rango de "Los cuellos blancos del puerto", una red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que participaban también políticos y empresarios.
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