Madrid, 11 oct (EFE).- El abogado Rafael Entrena, que ejerce la defensa del expresidente Artur Mas y de la exconsellera Joana Ortega, en el juicio en el Tribunal de Cuentas por supuesto desvío de fondos el 9N, ve en las acusaciones de Sociedad Civil un "relato político" que busca una condena adicional y el embargo de bienes.
En el segundo día del juicio, Entrena ha afirmado que "todo el gasto se desarrolló antes de la suspensión del Tribunal Constitucional", que fue el 4 de noviembre y todas las partidas fueron "informadas favorablemente. No hubo reparo alguno ni por la Abogacía de la Generalitat ni los servicios jurídicos".
Entrena ha recordado que este asunto ya fue juzgado vía penal, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Supremo, donde se "analizó y descartó" el delito de malversación.
A juicio de Entrena, "esto a Sociedad Civil le sabe a poco y quiere una condena adicional" pero, además, ha apreciado que tras la acusación hay un "mensaje político".
Y lamentablemente, ha dicho, "se sube a ese tren" la Abogacía del Estado y el Ministerio fiscal.
Respecto a la partida de 2,8 millones de euros para la compra de ordenadores, Entrena ha asegurado que está perfectamente acreditado que los 7.000 portátiles se destinaron al servicio público de educación.
Entrena ha considerado "probado" que la consulta se convocó en el marco competencial que establece el Estatuto de Cataluña y contaba con el informe favorable del Consell de Garantías Estatutarias.
Además, el abogado ha subrayado que está acreditada la "estricta obediencia" a las providencias adoptadas por el Constitucional por las que se suspendía la consulta.
Tras la suspensión se convocó un "proceso participativo" con diferente soporte presupuestario, legal, administrativo, contractual y logístico.
Por tanto, ha dicho, todos los gastos efectuados contaban con sustento legal y presupuestario "y en ningún caso serían pagos injustificados o indebidos".
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