Madrid, 3 oct (EFE).- El inminente ingreso en prisión del exvicepresidente de Gobierno Rodrigo Rato marca sus compromisos con la justicia, ante la que deberá responder a partir del próximo mes por las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia y el origen de su patrimonio.
Como sucediera en las "black" con el expresidente de la CEOE y el grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, el furgón blindado de la Guardia Civil que traslade al exministro desde la cárcel hasta la Audiencia Nacional será la instantánea más perseguida a partir de noviembre, cuando está previsto que comience el juicio de la pieza principal de BANKIA (BKIA.MC)por presunta estafa a los inversores.
Un delito que le achaca la Fiscalía Anticorrupción en sus conclusiones provisionales y por el que pide para él cinco años de cárcel tras valorar que en la operación, realizada en julio de 2011 todavía con Rato al frente de la entidad, "se ocultó" que el negocio heredado de las cajas no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas.
Esta ocultación, apunta, se habría realizado de forma "consciente" además por el exvicepresidente de la entidad José Luis Olivas, que se enfrenta a cuatro años de prisión; el exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años), y el ex consejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses).
Con todo, el Ministerio Público señala directamente al entonces presidente de Bankia por "encarnar el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas", amparándose en el prestigio que le conferían sus antiguos cargos en la cartera de Economía y en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Relato similar al que plantean las acusaciones particulares y populares personadas en la causa, como la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), el movimiento 15MpaRato o la asociación de consumidores Adicae, que amplían hasta doce años de cárcel sus peticiones, en las que incluyen a otra treintena de antiguos directivos y al auditor de Deloitte.
Pero las cuentas pendientes de Rato en la vía penal trascienden las dudas sobre su gestión en Bankia en uno de los casos de mayor complejidad abiertos en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, y investiga al exministro por corrupción, delitos fiscales y blanqueo.
Tres años después, el sumario en poder del juez de Instrucción número 31 de la capital, Antonio Serrano-Arnal, continúa abierto a la espera de decretar o bien el procesamiento, lo que iniciaría el protocolo de apertura de juicio, o el archivo de las pesquisas, una posibilidad que iría en contra del criterio de la Fiscalía.
El presunto trato de favor en la concesión del contrato publicitario de Bankia a las agencias Zenith y Publicis a cambio de comisiones derivó en una investigación a gran escala en la que la Agencia Tributaria atribuía inicialmente a Rato el fraude de unos 6,8 millones de euros y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un supuesto blanqueo de capitales.
Dado el volumen de la documentación incautada y de los temas tratados, el magistrado ordenó el despiece del procedimiento.
Sin embargo, el pasado junio rechazó sentar "de momento" en el banquillo al exministro y al resto de querellados, incluido su "amigo" Fernández Norniella, también salpicado por las "black", por el cobro de 835.000 euros en comisiones.
Entre los motivos de su decisión están los vínculos que unen esta parte del caso con el resto de delitos, entre ellos el blanqueo del que alertó el Instituto Armado en 2017, cuando avisó de que el ex director gerente del FMI habría empleado mercantiles domiciliadas en el extranjero sin actividad conocida con fines defraudatorios.
Una pieza clave que la Audiencia Provincial de Madrid ya descartó archivar y contra la que carga rotundamente Rato, que en su último paseo ante las cámaras lamentó que su causa fuera una "búsqueda constante de cualquier delito".
