Guatemala, 3 sep (EFE).- El director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica, Ramón Cadena, aseguró hoy que la decisión del Gobierno guatemalteco de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es "ilegal y arbitraria".
"La decisión del presidente (Jimmy Morales) es ilegal y arbitraria", carece de "fundamento lógico, racional y veraz" y atenta contra los principios básicos de la democracia y el Estado de Derecho, aseguró el directivo en un comunicado.
Cadena, que realiza un análisis jurídico de la determinación adoptada por Morales el pasado viernes, dice que la decisión es "unilateral, anticipada y sin fundamentación lógica, racional y veraz".
A su juicio, no renovar el mandato de la Cicig, que vence en septiembre de 2019, viola el Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994, que obliga a Guatemala a combatir los cuerpos ilegales de seguridad y los aparatos clandestinos de seguridad, y el artículo 149 de la Constitución guatemalteca, que establece la obligación de normar las relaciones con otros Estados.
"La decisión ilegal y arbitraria del presidente, hecha pública en compañía de una serie de funcionarios sin legitimidad para definir el tiempo que debe permanecer la Cicig en el país (...), podría llegar a producir graves consecuencias para el país", proclamó.
Asimismo, criticó el uso "excesivo" de la fuerza militar y policial con "amenazas directas" en contra del jefe de la Comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, y el pueblo por medio de la "presencia inexplicable e irracional de tanquetas militares en las calles".
La presencia de la Cicig en Guatemala, continúa, es aún necesaria "para lograr consolidar la lucha contra la corrupción y contra la impunidad y para continuar con los procesos penales que se encuentran pendientes en los Tribunales".
Cadena, que enumera una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos que en su opinión se violan al no renovar el mandato de la Comisión, aseguró que la decisión de Morales constituye "abuso de derecho" y afecta "gravemente" a los derechos humanos.
También pidió a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviar sendas misiones de alto nivel al país para investigar esta decisión y determinar si la Cicig debe o no continuar de cara al fortalecimiento del Estado de Derecho.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció el viernes que no renovaría el mandato de la Comisión por supuestamente sembrar el terror judicial, llevar a cabo investigaciones sesgadas y partidarias y violar las leyes locales e internacionales.
Este anuncio se produce en medio de una solicitud de desafuero presentada contra el mandatario por la Cicig y la Fiscalía, que piden retirarle la inmunidad para que pueda ser investigado por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita en la campaña electoral que lo llevó al poder en el año 2015.
