Asunción, 27 jul (EFE).- Tres campesinos condenados por la matanza de Curuguaty, en la que murieron 17 personas y provocó la destitución del presidente Fernando Lugo, abandonaron hoy la prisión de Tacumbú, en Asunción, después de que el jueves la Corte Suprema anulara las condenas impuestas por ese caso a once personas.
La sala penal de la Corte Suprema de Paraguay resolvió además poner en libertad a los once condenados, de los cuales solo cuatro estaban privados de libertad.
Luis Olmedo, Néstor Castro y Arnaldo Quintana fueron recibidos por sus familiares y amigos a su salida de Tacumbú, donde quedó un cuarto acusado, Rubén Villalba, quien cumple además otra condena por un delito de invasión de inmueble.
Sobre ellos cuatro cayeron las penas más elevadas en el juicio que tuvo lugar en 2016, con castigos de entre cuatro y 30 años de cárcel para los once acusados.
El resto de condenados, entre ellos varias mujeres, habían sido liberados de forma espaciada.
Villalba fue condenado antes de ese juicio, en 2015, a otros siete años de prisión por una supuesta invasión de inmueble ocurrido en 2008, antes también de los sucesos de Curuguaty.
Un fuente de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) dijo hoy a Efe que solicitarán la libertad condicional para Villalba, a la espera de que esté en la calle en dos o tres meses.
La Codehupy además emitió hoy un comunicado en el que asegura que el fallo de la Corte Suprema muestra que las condenas se habían impuesto "sobre la base de un estándar probatorio mínimo o inexistente, al calor de las presiones políticas, campañas mediáticas o intereses económicos".
"Recordar también en este momento, que la vigencia plena de los derechos humanos y la realización de una reforma agraria integral, que reconozca los derechos de la gente a la tierra, por encima de los privilegios del latifundio, son la única garantía para que nunca más el Paraguay mueran campesinos y policías, sin razón alguna que lo justifique", dice el comunicado.
El fallo de la sala penal de la Corte Suprema se produjo tras la presentación de un recurso de casación por parte de la defensa.
La matanza de Curuguaty (este) se refiere a los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras para pedir que fueran integradas en la reforma agraria.
En el posterior enfrentamiento fallecieron 11 campesinos y seis policías.
La Fiscalía solo investigó la muerte de los policías, algo que fue denunciado por la defensa de los condenados, que mantuvieron que no existías pruebas que les incriminaran y pidieron su absolución.
La investigación de la Fiscalía también fue cuestionada por organismos internacionales como las Naciones Unidas.
La masacre sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de "irregular" por organismos como la Unasur y el Mercosur.
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