Asunción, 26 jul (EFE).-La sala penal de la Corte Suprema de Paraguay anuló hoy la condena a los once acusados por la matanza de Curuguaty, en la que murieron 17 personas y provocó la destitución del presidente Fernando Lugo, y resolvió la absolución de los mismos.
En el documento, la Corte Suprema admite el recurso de casación que fue presentado por la defensa para la anulación de la sentencia.
Un tribunal había dispuesto hace dos años penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los once acusados, de los que solo cuatro permanecen en prisión por el caso Curuguaty, el lugar en el que en 2012 murieron 11 labriegos y seis policías en un desalojo de tierras.
La sala ordenó además la "inmediata libertad" de los acusados Rubén Villalba, Luis Olmedo, Arnaldo Quintana y Néstor Castro, encarcelados en la prisión de Tacumbú, en Asunción.
El resto, entre ellos varias mujeres, habían sido liberados de forma espaciada.
Así, a finales de junio, la Corte Suprema dispuso la libertad de María Fani Olmedo y Dolores López, tras cumplir seis años de privación de libertad, buena parte bajo arresto domiciliario y prisión preventiva.
Durante el juicio, la defensa de los acusados denunció que no existía ninguna prueba que les incriminara y pidieron su absolución.
También se cuestionó que la Fiscalía no investigara la muerte de los labriegos, o que durante el juicio no se realizó la exhumación de los policías muertos para extraer las balas.
La investigación de la Fiscalía también fue cuestionada por organismos internacionales como las Naciones Unidas.
Los once procesados estaban acusados por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
La matanza se refiere a los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras del distrito de Curuguaty (este) para pedir que se integraran a la reforma agraria.
La masacre sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de "irregular" por organismos como la Unasur y el Mercosur.
