Barcelona, 5 jul (EFE).- La consellera de Justicia, Ester Capella, se ha reunido hoy con familiares de los siete jóvenes encarcelados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) y ha reivindicado que la legislación antiterrorista se aplique en los casos que están previstos por la ley.
En declaraciones a los periodistas tras el encuentro, que ha tenido lugar en la sede de la consellería, Capella ha explicado que el fin de la reunión ha sido conocer "de primera mano" la experiencia personal y trayectoria jurídica de los familiares de las personas encarceladas así como su "dolor", que "no le es ajeno".
A raíz del intercambio, Capella ha querido "transmitir de forma clara" que "la legislación antiterrorista debe ser aplicada tal como la jurisprudencia entiende" y, en el caso que no se haga así, "lo que acaba pasando es que se vulneran derechos fundamentales".
De la reunión con los familiares de los condenados, que forman parte de la asociación Altsasuko Gurasoak, se ha desprendido la voluntad de "buscar espacios institucionales" para "hablar y trabajar en beneficio de la restauración de los derechos fundamentales que puedan haber sido vulnerados".
En relación con los políticos catalanes y líderes soberanistas presos, Capella ha insistido que "deberían estar en libertad" pero ha valorado positivamente "tenerlos cerca de casa" frente a su internamiento "en una prisión a más de 600 kilómetros de donde tienen arraigo familiar".
Sobre los exconsellers que continúan encarcelados en Madrid, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull, ha dicho que "continuarán trabajando para que regresen cuando más pronto mejor" y ha indicado que la previsión es que sean trasladados a prisiones catalanas la semana próxima.
En concreto, han visitado hoy el departamento de Justicia catalán miembros de cuatro familias, tres de ellos madres y padres de algunos de los siete jóvenes que se encuentran en prisión preventiva antes de que la sentencia sea firme.
La portavoz de la asociación, Isabel Pozueta, ha tachado el encarcelamiento de los jóvenes de "medida injusta que está siendo utilizada como castigo" y ha asegurado que la sentencia que los mantiene en prisión preventiva es "totalmente desproporcionada".
Los familiares se han desplazado a Cataluña en el marco de un proceso de difusión del caso, que les ha llevado a "llamar a las puertas" de todos los partidos políticos, aunque el PP y el UPN no les han atendido, e instituciones navarras y vascas les han trasladado su "solidaridad y apoyo".
En el caso de la visita a Cataluña, ha explicado Pozueta, los familiares han creído que "debían estar presentes" tras "sentir la empatía que el pueblo catalán ha vivido" con respecto al caso.
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