La Fiscalía ve riesgo de fuga del miembro de La Manada que pidió su pasaporte

Sevilla/Madrid, 28 jun (EFE).- La Fiscalía cree que el intento del guardia civil de La Manada, Antonio Manuel Guerrero, de conseguir un pasaporte acredita su propósito de fugarse de España y por ello ha pedido que se celebre una nueva vista para decidir su reingreso en prisión, de la que salió el pasado viernes.

Ha ocurrido horas después de que la Policía haya hecho público que Guerrero se personó el pasado lunes en una comisaría de Sevilla para obtener el pasaporte, que debe entregar en el juzgado tal y como le ha reiterado la Audiencia de Navarra.

La jefa del equipo de expedición de esos documentos en la oficina de Tablada-Sevilla le comunicó la imposibilidad de hacer ese trámite por tener prohibida la salida del territorio nacional, según la diligencia a la que ha tenido acceso Efe.

Guerrero había solicitado cita previa y acudió a la oficina a las 11.30 horas. Una hora más tarde, se personó ante el juzgado de guardia para cumplir uno de los requisitos que le impuso la Audiencia de Navarra para salir en libertad provisional.

Sin embargo, su abogado, Jesús Pérez, ha explicado en declaraciones a Efe que Guerrero acudió a consultar la fecha de validez del documento porque "no quería tener ni el más mínimo problema", ya que creía que lo tenía caducado pero "no lo sabía seguro y quería preguntar cómo debía actuar" e "incluso si tenían que quedárselo allí la Policía".

Antonio Manuel Guerrero y los otros cuatro integrantes de La Manada se encuentran en libertad provisional desde el pasado viernes, cuando abonaron la fianza de 6.000 euros que les impuso la Audiencia de Navarra para salir de prisión. Los cinco deben comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia.

También tienen prohibido acceder a Madrid, lugar de residencia de la víctima, y salir del territorio nacional sin autorización judicial.

Poco antes, la Fiscalía había presentado un recurso de súplica contra el auto de la Audiencia navarra que decretó la puesta en libertad provisional de los cinco miembros de La Manada al apreciar no solo el riesgo de fuga, sino también de reiteración delictiva.

Un riesgo que, en opinión del Ministerio Público, "no solo no ha desaparecido, sino que resulta más notorio" ya que, si bien las penas son muy inferiores a las solicitadas, "no es menos cierto que, aun no siendo firme, sí pesa ahora sobre ellos una condena de nueve años de prisión, es decir, una pena grave derivada de un delito grave".

Además, el fiscal recuerda que cuatro de los cinco condenados en Pamplona están siendo investigados por un presunto abuso sexual y contra la intimidad en la localidad cordobesa de Pozoblanco, "delitos que, como mínimo, llevan aparejadas penas de uno a tres años de prisión y de dos a cinco años, respectivamente, lo que incrementa el riesgo de sustraerse a la acción de la justicia".

También el Ayuntamiento de Pamplona ha interpuesto su recurso de súplica en el mismo sentido, aludiendo a este mismo riesgo motivado por la gravedad de las penas y la posibilidad de su incremento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, así como de que vuelvan a cometer el mismo delito.

"El hecho de la notoriedad y conocimiento general del aspecto físico de los condenados no supone ninguna garantía en el caso de unas personas condenadas por delitos contra la libertad sexual y que se encuentran incursos en otro procedimiento por hechos semejantes, ya que este tipo de delitos se producen en un marco de ocultamiento y clandestinidad", subraya el consistorio pamplonés.

"Ahí está, la primera en la frente", ha destacado la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, para quien el intento del agente de obtener el pasaporte pesando sobre él la prohibición de abandonar España era algo que "entraba dentro de lo previsible".

Como ella, las principales asociaciones de mujeres han emplazado al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, a supervisar y hacer un seguimiento de resoluciones polémicas que, como la libertad provisional de La Manada, suscitan el rechazo de gran parte de la sociedad.

"Desde Fundación Mujeres pedimos que desde el Gobierno de los jueces se haga una valoración sobre esas decisiones judiciales porque hay un montón de ciudadanía que desde el sentido común ha salido a la calle a decir que no entienden" esa libertad provisional de los cinco condenados, ha asegurado a Efe Marisa Soleto.