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El juez sienta en el banquillo a dos excargos de PP en León, los primeros por los trabajos de reputación de Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el empresario Alejandro de Pedro, considerado como el 'conseguidor' de la Púnica; el expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez; y el exalcalde de Puebla de Lillo (León) Pedro Vicente Sánchez, que se enfrentan a penas de entre ocho y cinco años y medio de prisión, por la adjudicación de la estación de esquí de San Isidro y los trabajos de reputación online y asesoramiento del responsable de la Diputación.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En dicho auto, el juez García Castellón remite la causa a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal para que ponga fecha al juicio contra el empresario y los dos excargos 'populares' de León. Esta sería la segunda vista oral que se celebra de las 16 piezas que conforman el caso Púnica, aunque en ella no estará presente el principal investigado de la trama, el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ya que no se ha encontrado ninguna relación en las irregularidades cometidas, en este caso, en Castilla y León.

Este segundo juicio sí que será el primero que tratará los trabajos de reputación 'online' que Alejando de Pedro realizó para distintos políticos del PP, entre ellos el expresidente de la Diputación, al que también se le acusa de presionar a empleados públicos para que el empresario resultase beneficiado con la adjudicación de la estación de esquí.

Por todos estos hechos también serán juzgados el ex interventor de la Diputación Manuel Jesús López Sánchez; el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa y una empleada de De Pedro, Guadalupe Carrascosa Caballero; además de las empresas que desarrollaron las informaciones favorables Eico Online, S.L. y Madiva Ediorial y Publicidad.

La acusación popular ejercida por Adade pidió que se juzgasen también a otras dos personas, pero finalmente el juez instructor ha acordado archivar la causa con respecto a ellos, ya que la propia Fiscalía no hizo "pronunciamiento alguno" en sus escritos de acusación.

PETICIONES DE FISCALÍA

Precisamente, el expresidente de la Diputación y actual alcalde del municipio de Cuadros es el acusado a la que más pena se enfrenta: ocho años de prisión que pide para él la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de malversación de fondos públicos en concurso con falsedad, fraude y tráfico de influencias. El que fuera el interventor y el ex alcalde de Puebla de Lillo --expulsado del partido cuando saltó su imputación-- afrontarán un año menos que Marcos Martínez, al no ser acusados de tráfico de influencias.

El Ministerio Público pide para José Antonio Alonso Conesa y para Alejandro de Pedro cinco años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos en concurso con falsedad y fraude; mientras que para Caballero Carrascosa sólo se solicitan tres años y cinco meses por malversación de fondos públicos en concurso con falsedad.

En cuanto a las sociedades de De Pedro, el Ministerio Público interesa que se le pene con una multa del doble del beneficio obtenido. Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 impone en su auto una fianza de 171.000 euros a pagar de forma solidaria entre los seis acusados.

TRABAJOS "ALEJADOS DEL BIEN COMÚN"

La instrucción de esta segunda pieza concluyó el 2 de noviembre de 2016 cuando el anterior juez de la causa, Eloy Velasco, cuantificó en su auto los 90.000 euros que Eico y Madiva recibieron de fondos públicos de forma irregular por los servicios de reputación online prestados. Señaló además que estos trabajos se realizaban para los fines personales del expresidente de la Diputación, "alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las arcas públicas".

Según explicó el juez Velasco, se instrumentalizó "una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias" por las que entre enero de 2012 y septiembre de 2014 se aprobó un gasto "indebido", sin que se formalizase ni aprobase ningún contrato o procedimiento negociado, "fraccionando con intención un gasto irregular durante meses".

Marcos Martínez puso en manos de De Pedro y de Alonso Conesa su reputación para conseguir consolidarse como presidente de la Diputación de León y, para ello, el empresario creó noticias favorables al político a través de sus diarios digitales.

CONFIANZA EN LA TRAMA PÚNICA

Además, apuntó Velasco que el expresidente de la Diputación "confió en la trama investigada" la supervisión de sus discursos y el diseño de un plan de medios de comunicación, incluso disponiendo de un gabinete de prensa, creando así una duplicidad que sólo beneficiaba a Marcos Martínez.

En cuanto, a la adjudicación de la estación de esquí de San Isidro, el magistrado aseguró que el expresidente de la Diputación y el interventor Manuel Jesús López Sánchez -- a quienes se les intervino el teléfono-- tenían "intereses personales" para beneficiar a las empresas de De Pedro. Asimismo, consideró que Marcos Martínez "presionó" a empleados públicos de la Diputación abusando de su cargo para "encontrar la forma de poder llevar a cabo" el proyecto de la estación.

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