La Audiencia Nacional avala la puesta en libertad de una líder de los CDR

Madrid, 4 jun (EFE).- La Audiencia Nacional ha avalado la puesta en libertad sin fianza que decretó el juez Diego de Egea para la presunta coordinadora de los Comités de Defensa de la República (CDR), Tamara C.G., a la que imputó por un delito de desórdenes públicos y no por terrorismo y rebelión como pidió la Fiscalía.

Tras su detención el 10 de abril en Viladecans (Barcelona), en relación a los actos de sabotaje de los CDR en Semana Santa, la Fiscalía solicitó a De Egea su ingreso en prisión provisional por los citados delitos, y al no haber secundado el juez su petición, recurrió la decisión de dejarla en libertad con medidas cautelares.

Ahora, la sección segunda de lo Penal rechaza el recurso de la Fiscalía porque entiende que "los indicios no revisten la gravedad necesaria para adoptar una medida de privación de libertad" y mantiene las medidas cautelares adoptadas por De Egea: comparecencias semanales, prohibición de salir de España y del municipio de residencia salvo para ir al trabajo y con autorización judicial.

Lo hace "sin pronunciarse, en este momento procesal, sobre la calificación definitiva que pudiera revestir los hechos tras la completa instrucción de la causa", por lo que no analiza la naturaleza de los delitos que se le pueden imputar.

La Fiscalía considera que participó en "delitos cometidos con finalidad de rebelión" porque con sus acciones, según revelan unos audios que le fueron intervenidos, "se deduce el interés de que sea efectivo el resultado del referéndum ilegal secesionista; de que se libere a las personas implicadas" y de que se evite por la fuerza la aplicación del artículo 155.

Por contra, en el auto recurrido, dictado dos días después de la detención, De Egea consideraba que con respecto a la investigada "no existen pruebas de la pertenencia a organización criminal y menos terrorista" y añadía que en este caso "la pretensión no es causar temor, sino lograr un estado independiente".

Según el magistrado, en el registro de su domicilio no apareció tampoco "ningún documento con texto amenazador, ni fotografías, ni proyectos de ataque".

En cuanto a los datos que se le intervinieron sobre una agrupación de la guardia civil, "sin dejar de ser una prueba que pueda llevar una imputación por desórdenes públicos, no parece que tenga que ver con una información necesaria para la comisión de un atentado", precisa De Egea.

Por eso el juez, en el auto que ahora ratifica la Sala, señala que "no existen en la actualidad indicios suficientes de pertenencia a organización criminal, ni a la coordinación entre otros para llevar a cabo intervenciones en diferentes actuaciones propias de la violencia callejera, como lanzamiento de cóctel molotov, sabotajes de instalaciones eléctricas".

Lo único que considera probado es su "pertenencia a una organización política independiente (CDR), de momento no ilegalizada" y de la que consta el llamamiento a "una movilización popular posiblemente violenta" para la "concienciación popular de los fines políticos que, se repite, en la actualidad no están ilegalizados".

El delito de desórdenes públicos no es competencia de la Audiencia Nacional y está tipificado con una pena de 6 meses a 3 años de prisión y, en su vertiente agravada (con uso de armas, explosivos o máscaras, o en el marco de una manifestación), con hasta 6 años de cárcel.

En el auto en el que acordó la libertad, el juez decidió mantener bajo secreto esta causa por estar aún pendiente la detención de otro presunto coordinador de los CDR, un hombre al que se intentó sin éxito en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y respecto al que De Egea dictó una orden de busca y captura.

Ese activista está aún siendo buscado por terrorismo y rebelión y, al estar pendiente su detención y puesta a disposición judicial, el magistrado acordó mantener por el momento la causa en la Audiencia Nacional ante de inhibirse a un juzgado ordinario.