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Abogada del Estado de Vivienda en 2008 se desvincula de los errores en la adjudicación a la agencia que facturó al PSPV

Se suspenden las declaraciones de parte del equipo de la exministra Beatriz Corredor porque piden ser defendidos por la Abogacía del Estado

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La abogada del Estado Irene Domínguez-Alcahud, destinada en el Ministerio de Vivienda durante la etapa de Beatriz Corredor como responsable de este departamento, ha reconocido este lunes ante la juez que el expediente de contratación relacionado con la campaña publicitaria de Plan de Vivienda 2009-2012 adjudicado a la empresa de comunicación Crespo Gomar tenía irregularidades, pero se ha desvinculado de todas ellas, según han informado fuentes jurídicas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, ha citado este lunes a Domínguez-Alcahud como investigada por los delitos de prevaricación y/o malversación de fondos por el contrato de publicidad público concedido a la agencia de comunicación que facturó servicios para el PSOE valenciano (PSPV), y que se encuentra en el epicentro de la investigación por una presunta financiación irregular del partido.

La citación ha tenido lugar después de que la magistrada interrogase el pasado 11 de mayo a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda que integraron la Mesa de Contratación, que señalaron que los errores que aparecen en el expediente, y que según un informe pericial hace que sea "incoherente", son "fallos de redacción".

La abogada del Estado, también exsubsecretaria de Defensa, ha reconocido que esta documentación contenía errores, pero ha destacado ante la juez que se percató de ellos a posteriori, han precisado las fuentes consultadas. Tras ser preguntada por esos "fallos", Domínguez simplemente ha tratado de justificar su labor como representante de la Administración Pública y se ha desvinculado de todos ellos remitiéndose a otros responsables de la contratación.

BASTANTEO DEL CONTRATO

Lo mismo ha ocurrido con bastanteo del contrato, sobre el que ha dicho que dio validez al mismo una semana después a su formalización. No obstante, el perito que analizó este expediente por orden un juzgado valenciano -que comenzó a investigar la presunta financiación del PSPV-- destaca que le llama la atención que la abogada del Estado dio poder para formalizar la adjudicación el 5 de enero de 2009, mientras que en el contrato se dice que este trámite tiene fecha del 29 de diciembre de 2008 y que el plazo de ejecución finalizaba el día 31 del mismo mes.

Asimismo, las fuentes jurídicas presentes en la declaración han indicado que en otro momento, la juez Pérez Barrios ha apuntado que en este expediente de contratación no había información suficiente sobre la campaña de publicidad a realizar. Si bien, la investigada ha afirmado que no es un requisito en este tipo de trámite, pero que en este caso concreto sí que constaba.

Finalmente, el contrato público fue concedido a la empresa Crespo Gomar por el importe de 126.208 euros, ya que la Mesa de Contratación tuvo en cuenta que fue la mejor oferta económica, pese a no ser la mejor desde el punto de vista técnico, según reconocieron los otros tres funcionario de Vivienda que han declarado como investigados hasta el momento.

OTRAS DECLARACIONES

Para este lunes también estaban citados a declarar como investigados por los mismos delitos parte del equipo de la exministra Beatriz Corredor: el que fuera su jefe de Gabinete, Nicolás Mateos; y su jefa de prensa, Eva Cuesta. Sus declaraciones han sido suspendidas, ya que han solicitado ser defendidos por la Abogacía del Estado.

Por el mismo motivo, la magistrada aplazó la semana pasada la declaración del exsubsecretario del Ministerio y expresidente la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer --inicialmente prevista para hoy--, hasta conocer la posición al respecto de la Fiscalía, a la que le remitió el asunto para conocer la procedencia de aceptar esta petición.

Las siguientes declaraciones están previstas para el día 30 de mayo con las comparecencia de Eva Santiago, que acudió a las reuniones de la Mesa de Contratación en lugar de Eva Cuesta y realizó la valoración técnica junto a Beatriz Tejada. También la de Pedro Plasencia, que asistió a la reunión realizada el 5 de diciembre; y de Rita Lorite y Andrés Lara que presenciaron las juntas celebradas el 29 de diciembre.

LA INVESTIGACIÓN ARRANCÓ EN VALENCIA

Este juzgado madrileño abrió esta investigación después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011, se inhibiese a su favor por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.

Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid incoó diligencias por otro concurso de publicidad adjudicado a Crespo Gomar por parte del Ministerio de Sanidad en 2008 por el valor de 184.138 euros, y por la que se encuentran investigadas, entre otros, la exdirectora general de Consumo y ex candidata a la Alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu; y subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo. Ambas deberán comparecer ante la juez el próximo 26 de junio.

El juzgado de Valencia arrancó la investigación por los delitos prevaricación, malversación y electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011. Los investigadores explican que la sociedad Crespo Gomar --que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia-- facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el juzgado valenciano se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.

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