El ombudsman de Guatemala culpa al Estado de violar los derechos humanos de los reos

Guatemala, 10 may (EFE).- El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, responsabilizó hoy al Estado de violar los derechos humanos de los privados de libertad que están en los centros de detención preventiva.

Tras realizar una evaluación, el ombudsman resolvió declarar "la violación del derecho humano a la dignidad, salud, integridad y vida de las personas privadas de libertad en los centros de detención preventiva y de cumplimiento de condena en el departamento de Guatemala".

De este hecho señala "como responsable" al Estado, por medio de las autoridades de Interior y del Sistema Penitenciario, debido a que no realiza las acciones necesarias para revertir esta tesitura, no ejerce "el control" en los centros ni cumple "con las múltiples recomendaciones" realizadas por la Procuraduría y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Resulta alarmante que a pesar de las reiteradas ocasiones en las que esta institución ha realizado las recomendaciones pertinentes (...) estas no se cumplen", agrega la resolución, en la que se admite que se trata de un problema "estructural" con factores como la sobrepoblación y hacinamiento.

Entre los hallazgos de la Procuraduría tras las supervisiones realizadas están que el personal no penitenciario no tiene carrera y que hay una falta de guardias para garantizar la seguridad, pues por cada 33 personas recluidas hay aproximadamente un guardia.

En los últimos diez años, "el Estado no ha realizado ninguna acción para construir o ampliar la infraestructura penitenciaria, como fue establecido en la Ley del Régimen Penitenciario o en la Política Penitenciaria de 2014".

Otra de las preocupaciones que se destaca es que se siguen utilizando "cuarteles militares para la privación de libertad, a pesar que la Constitución Política de la República de Guatemala señala que estos centros son de carácter civil y con personal especializado" y que los guardias exigen dinero a los reos para dejarles ingresar "objetos no permitidos".

En la resolución, el Procurador otorga un plazo de tres meses a las autoridades para su cumplimiento, tiempo tras el cual se hará una verificación y se tomarán las acciones legales correspondientes sino se ha cumplido con las prerrogativas.

El Sistema Penitenciario está a cargo de las 22 cárceles públicas que hay en el país y que sufren un hacinamiento de más del 300 por ciento, pues la capacidad es para 6.800 presos y en la actualidad son ya 23.826 los internos.

Las mismas autoridades han reconocido en varias ocasiones que no tienen el control de los centros.