San Fernando de Henares (Madrid), 8 may (EFE).- El juicio a la rama valenciana de Gürtel ha quedado hoy visto para sentencia tras 28 jornadas que han dejado importantes confesiones sobre la financiación irregular del PP valenciano y que han puesto el foco en el expresidente Francisco Camps a la espera de saber si será investigado por estos hechos.
Revelaciones que finalmente han dado lugar a una sustanciosa rebaja en la petición de Anticorrupción para el presunto líder de la red, Francisco Correa (de 22 a 7 años), y en menor grado para el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa (de 7 a 4 años) y los otros cabecillas, Pablo Crespo (de 22 a 13 y medio) y Álvaro Pérez, el Bigotes (de 27 a 16 y medio).
Nueve empresarios abrieron la veda de las confesiones al llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que revelaron haber pagado más de 1,2 millones de euros para financiar ilegalmente al PP valenciano en las campañas de 2007 y 2008 a cambio de eludir la cárcel.
A ellos se sumó Correa, que puso a disposición de la justicia dos cuentas en Suiza, con las que, justo hoy, se han ingresado 2 millones de euros en Hacienda y que, ya en el juicio, admitió que el partido obligó a la red a facturar actos de campaña a otras empresas.
Su testimonio creó un efecto dominó en acusados como Pablo Crespo y el Bigotes, que pronto se subieron al carro de las confesiones y confirmaron que el PP valenciano se estuvo financiando con dinero negro y facturas falsas de empresarios.
El Bigotes fue quien afinó más el tiro y apuntó directamente a Camps como la persona que "creó" dicho sistema de financiación y señaló también al expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino como el encargado de contactar con los empresarios.
Una vez que los cabecillas de la Gürtel abrieron la caja de Pandora, Ricardo Costa, que también intentó negociar con la Fiscalía, remató la acusación contra Camps y situó junto a él en la diana al exvicepresidente valenciano Víctor Campos.
Campos, dijo, le mostró sobres con dinero en efectivo "entregado por empresarios" por "encargo" de Camps y Cotino, dentro de un sistema que parecía "preestablecido ya anteriormente".
Un método irregular de financiación que, según explicó, puso en conocimiento de la dirección nacional del partido, en concreto del entonces gerente Luis Bárcenas, quien le aseguró que eso no estaba "permitido" en el PP. "Sería un Filesa II", le dijo.
La nota discordante llegó pronto de manos del exvicepresidente Vicente Rambla, que al igual que el resto de políticos acusados negaron la financiación irregular y no apuntaron a Camps sino a Costa como el responsable en materia económica del partido. "Era el embudo por el que tenía que pasar todo", dijo Rambla.
Con importantes acusaciones en su contra, le llegó el turno a Camps, que ha engrosado la lista de los 145 testigos en el juicio, que ha contado con importantes ex altos cargos de la política valenciana, como Campos y Cotino, que negaron lo manifestado por Costa.
Aseguró Camps que "jamás" habría permitido "ningún sistema de este tipo" y que nunca "nadie" de su Gobierno se enriqueció ilegalmente. "Imagínense el trago que estamos pasando todos porque de repente ha aparecido todo el follón este de Gürtel de gente de Madrid de una trama de empresas", lamentó.
Sin embargo, las acusaciones vertidas contra él hicieron que Anticorrupción se plantease si procede investigar a Camps por estos hechos más de diez años después, algo que, en su caso, anunciaría una vez finalice el tercer juicio celebrado contra la trama Gürtel y que hoy ha quedado visto para sentencia.
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