TSJC pierde el segundo juez autonómico que tenía desde que se creó en 1989

Barcelona, 29 abr (EFE).- La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha perdido el segundo magistrado autonómico que tenía desde su creación en 1989, con lo que el exfiscal Carlos Ramos es ahora el único de los cinco miembros de ese órgano judicial designado a propuesta del Parlament.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la sala civil y penal del alto tribunal catalán, que ha tenido en sus manos varias causas vinculadas al proceso independentista -entre ellas contra el expresidente catalán Artur Mas por el 9N- se ha reorganizado recientemente, a raíz de las vacantes dejadas por algunos de sus miembros.

Desde que se constituyó en 1989, la sala, con una importante carga de trabajo dado que entre sus funciones figura revisar los recursos en materia de derecho civil catalán, había contado siempre con dos magistrados autonómicos, designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre una terna propuesta por el Parlament.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, sin embargo, prevé cinco magistrados para la sala civil y penal del TSJC y establece que una de cada tres plazas sea cubierta por un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio, nombrado por el Consejo de entre una terna presentada por el Parlament.

En julio de 2016, dejó su plaza en la sala civil y penal del TSJC el magistrado autonómico Joan Manel Abril, quien solicitó una excedencia voluntaria para dedicarse a su labor investigadora como catedrático de la UAB, que compagina con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Andorra.

Ante esa situación, el Consejo General del Poder Judicial decidió no dirigirse al Parlament para pedirle que propusiera la preceptiva terna de juristas y optó por amortizar la plaza de magistrado autonómico que ocupaba Abril.

En su lugar, consolidó el año pasado su plaza dentro de la sala civil y penal a Maria Eugènia Alegret, que constaba como adscrita de ese órgano judicial en su condición de expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cargo que ocupó entre los años 2004 y 2010.

Tampoco el Parlament ni el Departamento de Justicia, antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, han movido ficha para intentar conservar ese segundo magistrado autonómico que tradicionalmente había tenido el alto tribunal catalán, pese a que la ley establece que la revisión de la planta judicial de los juzgados y tribunales podrá ser instada por comunidades autónomas con competencia en la materia para adaptarla a las necesidades de su ámbito territorial.

Cuando Jesús María Barrientos accedió a la presidencia del TSJC, en febrero de 2016, la sala civil y penal sumó hasta ocho magistrados, aunque cuatro de ellos la abandonaron poco después: Abril, Núria Bassols, Miguel Ángel Gimeno -expresidente del alto tribunal catalán que pasó a dirigir la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC)- y, Enric Anglada, instructor del "caso ITV" que se jubiló en junio 2017.

Bassols, esposa de uno de los empresarios detenidos en el caso del 3% y a la que el expresidente catalán Artur Mas fichó como comisionada de Transparencia, volvió a ocupar su plaza de magistrada en la sala civil y penal del TSJC en 2016, tras su paso por la Generalitat, aunque en abril del año pasado el CGPJ la trasladó temporalmente al ámbito contencioso del TSJC.

Actualmente, junto a Barrientos, Alegret y Ramos, integran la sala del alto tribunal catalán Francisco Valls -además de Bassols, temporalmente adscrita a la sala contenciosa del TSJC-, y, como refuerzos, el civilista Jordi Seguí y la penalista Mercedes Armas.

El pasado mes de octubre, el grupo parlamentario del PP en el Congreso presentó una proposición de ley en que apuesta por suprimir a los magistrados de designación autonómica, una idea que las asociaciones judiciales ven con buenos ojos dado que creen contribuiría a blindar la independencia del poder judicial.