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Julián Muñoz: "En Marbella había un enfrentamiento de cabezonería entre Gil y el señor Chaves"

Asegura, como los exediles acusados en una causa por varios convenios irregulares, que fueron "tontos útiles" en materia de urbanismo

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

El exregidor de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha declarado este martes en un juicio, acusado de nuevo por supuestas irregularidades urbanísticas durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) que habrían causado perjuicios a las arcas municipales, y ha asegurado que hubo "un enfrentamiento de cabezonería entre Jesús Gil --que fue alcalde-- y el señor Chaves" --en referencia al expresidente de la Junta de Andalucía-- por quién mandaba más.

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha comenzado este martes este juicio --que continuará este miércoles--, en el que además de Muñoz, están acusados el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca --que acude por primera vez en tercer grado--, seis exediles y dos empresarios por convenios firmados entre el Ayuntamiento y tres empresas relacionadas con esos promotores que habrían causado un perjuicio al Consistorio marbellí de al menos 14,3 millones.

Muñoz ha sido preguntado por el fiscal sobre la dinámica de trabajo en las comisiones de gobierno, en concreto en lo relacionado con la aprobación de convenios urbanísticos entre el Ayuntamiento y empresarios y sobre la firma de éstos, insistiendo en que lleva "diciendo lo mismo 25 años, con diez de cárcel, que desconozco todos los convenios". "Me he dedicado a firmar lo que Gil me mandaba", ha reiterado.

Así, ha indicado que él era alcalde accidental cuando Gil y el primer teniente de alcalde, que entonces era Pedro Román, no estaban, señalando que este último estuvo "en todas las comisiones de gobierno y no aparece en ninguna" de las actas. "Al que nunca he visto en esas reuniones era a Roca", ha señalado Muñoz, quien ha apuntado que las relaciones con éste eran "más bien cero"

"A mí no me mandaba el señor Roca, me mandaba Jesús Gil. Todos callábamos, sería por sueldo o por lo que fuera, pero todos callados", ha aseverado el exregidor, quien ha reiterado que "nunca" se reunió con los empresarios de esta causa, que si las comisiones de gobierno resolvieron a favor de algo "era porque los informes venían bien" y que "ningún" técnico municipal o notario le advirtió de ilegalidad, añadiendo que tienen "la mala suerte de que todo lo que era ilícito está muerto".

Asimismo, ha manifestado que no se ha beneficiado con la firma de convenios, al contrario ha asegurado que le han perjudicado "con la cárcel"; apuntando en un momento del interrogatorio del letrado del Ayuntamiento --personado como acusación particular--, cuando le han mostrado un documento y ha pedido que le permitieran leerlo, que "por no leer he estado en prisión", en referencia a los documentos que le ponían para firmar y lo hacía sin mirarlos.

Muñoz ha coincidido con los exediles en que si hubieran visto ilegalidades o les hubieran advertido no habrían dado el visto bueno a esas resoluciones, considerando que fueron "tontos útiles". "Tontos, todos; útiles, todos", ha añadido el exregidor, que se enfrenta en este caso a 13 años de prisión por los delitos de malversación, prevaricación administrativa, fraude y prevaricación urbanística, al igual que Roca.

Los exediles acusados --Rafael González, Alberto García, Marisa Alcalá, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones y Francisco Javier Lendinez-- se han mostrado conforme con el delito de prevaricación administrativa, que lleva aparejado pena de inhabilitación para empleo o cargo público, en virtud del acuerdo alcanzado entre defensas y acusaciones, que será expuesto al final del juicio y que supone una modificación de la acusación inicial.

Estos procesados han expresado que ahora, 20 años después, se sienten "engañados" y "utilizados", porque "nos vendían que todo estaba correcto", que había una asesora urbanística en las comisiones de gobierno y ni ella ni "ningún técnico" les informó de que los convenios tenían "pegas" o que "estábamos cometiendo una barbaridad", según han señalado, apuntando que "con el paso del tiempo te das cuenta de que esto era un cachondeo".

Así, han admitido que tendrían que haberse "preocupado o haber obligado a los técnicos a que informaran sobre los convenios", porque de éstos "sólo teníamos o la callada por respuesta o que todo estaba bien". También han dicho que debieron cerciorarse de si la comisión de gobierno tenía delegada las competencias, aunque han considerado que se utilizó ese órgano para llevar determinados convenios, aunque los que no llegaban tenían la misma eficacia.

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