El exgerente del Canal investigado en el caso Lezo dice que la gestión fue "escrupulosa"

Madrid, 23 mar (EFE).- El exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, uno de los investigados en el caso Lezo, ha dicho hoy que, al menos durante su etapa, la empresa pública madrileña funcionaba "escrupulosamente siguiendo toda la normativa" y ha asegurado que no recuerda "ninguna irregularidad".

En su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, donde ha sido citado para informar sobre el caso del campo de golf del Canal de Isabel II, el exgerente ha defendido de forma reiterada su gestión.

"Al menos en el tiempo que yo recuerdo de mi gestión, los procedimientos de contratación se respetaban escrupulosamente", ha señalado.

"No recuerdo ninguna irregularidad en el Canal", ha comentado en otro momento de su intervención.

De Miguel ha relatado que en 2003 firmó el pliego para la gestión y la explotación de un campo de golf en los terrenos que el Canal de Isabel II tiene en el distrito de Chamberí.

"No es para que el Canal pague, sino para que al Canal le paguen, es una concesión para que se puedan explotar esas instalaciones", ha explicado.

Preguntado sobre si la construcción de este campo de golf fue "un buen negocio" para el Canal, se ha limitado a decir que en el tiempo que él estuvo "se pagaron los cánones" y la empresa pública madrileña fue retribuida "de acuerdo a lo que establecía el pliego de condiciones".

El exgerente del Canal no ha querido dar muchos más detalles sobre el objeto de su comparecencia al alegar que "forma parte de un procedimiento judicial", en referencia al caso Lezo.

"Hay una colisión clara entre su actividad legítima y la que se lleva en paralelo por parte de la administración de Justicia", le ha dicho al diputado de Ciudadanos Roberto Núñez.

Por ello, ha manifestado que le resulta "muy difícil" contestar a las preguntas formuladas sobre este asunto por los parlamentarios de la oposición presentes en la comisión, donde ya no está el PP por decisión propia.

Además, ha sostenido que "muchas de las respuestas" que buscan los diputados "las tienen en la documentación que tienen a su disposición o que deberían tener".

"Yo no tengo los papeles", ha afirmado.

El campo de golf, construido en 2007 en unos terrenos previstos para zona verde, quedaron sin cobertura legal después de que el Tribunal Supremo anulase en diciembre de 2012 la declaración de interés general aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre, tras un recurso interpuesto por la Asociación Vecinal El Organillo.

El compareciente no ha concretado quién decidió hacer esta declaración de interés general por ser una cuestión que "forma parte del proceso judicial", pero ha aseverado que no fue el Canal.

"Las decisiones de ese cariz patrimonial corresponden a la Comunidad de Madrid", ha apuntado.

La diputada socialista Encarnación Moya le ha preguntado de quién fue la decisión de ejecutar las obras del campo de golf "sin licencia" ya que, según ha manifestado, se solicitaron "tres meses después".

"No es correcto (... ) creo que la licencia se solicitó", ha respondido el exgerente del Canal.

De Miguel ha pedido amparo a la Mesa de la comisión en varias ocasiones al alegar que los parlamentarios le han preguntado "cosas que no tienen nada que ver" con el objeto de la comparecencia.

Con el diputado de Podemos Miguel Ongil ha tenido varios rifirrafes, uno de ellos cuando éste le ha cuestionado si el hecho de que su mujer sea consejera de la Cámara de Cuentas "ha influido en que no se someta a fiscalización al Canal".

"Vuelve a salirse del ámbito de esta petición (de comparecencia). Es un comentario de lo más machista que he podido imaginar", le ha contestado el exconsejero.

El campo de golf, cuyo desmontaje ha comenzado un año después de que la Justicia ordenara su cierre, fue construido en 2007 durante el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, eleva a 1,2 millones de euros el importe total de comisiones ilegales que los investigados pudieron obtener a costa del erario en el contrato de adjudicación de la construcción y gestión del Canal Golf.

Además sostiene que Ignacio González se concertó con otros investigados, entre ellos su hermano Pablo, "para lograr que el contrato" recayera en la constructora ACS en unas condiciones económicas "perjudiciales" para la Comunidad de Madrid.