El Supremo de Honduras admite un recurso contra el convenio de la Misión contra la corrupción de la OEA

Tegucigalpa, 20 mar (EFE).- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras admitió hoy un recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo de creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en el país (MACCIH), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El recurso fue presentado el 6 de marzo por un grupo de abogados que representan a cinco diputados implicados en presuntos actos de corrupción en el Parlamento, según un informe de la MACCIH, que se instaló en Tegucigalpa el 19 de abril de 2016, luego de un convenio suscrito entre el Gobierno de Honduras y la OEA.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, dijo a periodistas que el auto de admisión del recurso de inconstitucionalidad vía acción presentada el 6 de marzo solo observa que la petición "tiene los requisitos formales que establece la Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional".

El recurso que conoció la Sala de lo Constitucional indica que la MACCIH estaría suplantando acciones de persecución pública que le corresponden al Ministerio Público.

Silva señaló que el recurso será enviado al Parlamento, para que en un plazo de cinco días hábiles remita los antecedentes del proceso de la ley impugnada, con su respectivo informe.

Por su parte, el Ministerio Público tendrá seis días hábiles para emitir el correspondiente dictamen sobre el decreto legislativo del 7 de abril de 2016, mediante el cual se ratificó el convenio entre la OEA y el Gobierno de Honduras.

La MACCIH ha venido coordinando con el Ministerio Público acciones de investigación sobre presuntos casos de corrupción en Honduras que han salpicado a funcionarios del presente y pasados Gobiernos y diputados, entre otros.

La llegada de la MACCIH en 2016 fue bien recibida por varios sectores de Honduras y el rechazo de otros, algunos ligados a presuntos actos de corrupción.

El convenio señala entre las "Obligaciones del Gobierno de Honduras" que "garantizará a la MACCIH todas las condiciones acordadas para el cumplimiento adecuado de sus funciones y garantizará, en particular" la "libertad de movimiento y acceso en el territorio de la República de Honduras sin restricción alguna".

"El Gobierno de Honduras garantiza el acompañamiento, supervisión y colaboración activa de la MACCIH, con la institucionalidad y las autoridades competentes del Estado de Honduras en las diligencias de recabar información", añade el convenio.

Además, el Gobierno hondureño contribuirá en la "investigación de los casos de corrupción, toma de denuncias, teniendo pleno acceso a la información y material documental de las mismas y cualquier otra que guarde relación con la investigación".

Se suman "los archivos oficiales, las bases de datos y los registros públicos y cualquier informe semejante, archivo, documento o información en posesión de las personas o entidades estatales pertinentes, ya sean civiles o militares, con observancia de lo prescrito en la Constitución Política de la República de Honduras y demás leyes", señala el convenio, entre otras cosas.

La MACCIH en Tegucigalpa no se ha pronunciado sobre la decisión de la Sala de lo Constitucional, pero algunos sectores sociales han comenzado a cuestionar la decisión y aducen que sería motivada por los corruptos que se resisten a que se les investigue.