Los barceloneses se quejan a la Síndica del transporte público y las multas

Barcelona, 9 mar (EFE).- Los barceloneses se quejan mayormente a la Síndica de la atención que reciben por parte del Ayuntamiento de Barcelona en relación al transporte público, las multas de circulación y los servicios sociales, según se desprende del balance de 2017, que ha presentado hoy la defensora del ciudadano.

La Síndica, Maria Assumpció Vila, ha destacado la preocupación de los barceloneses por la vivienda, los servicios sociales y la movilidad que se desprende de las 1.702 quejas y 1.820 consultas y asesoramientos que atendió en 2017.

Según temática, las 1.702 quejas se han clasificado de la siguiente manera: transporte público y circulación (265); servicios sociales (170); vivienda y dignidad (161); medio ambiente (139); actividad económica (115); urbanismo y ciudad (105); hacienda municipal (87); procedimientos administrativos (84); educación y deporte (77); y libertad cívica y seguridad ciudadana (67).

También en salud (50); uso y mantenimiento del espacio público (46); atención al público y participación ciudadana (43); función pública (43); accesibilidad y movilidad personal (19), y ciudadanía, vecindad e inmigración (18). Otras 213 reclamaciones se han derivado a otros organismos.

Aunque las cifras y los motivos de las quejas son similares a los de años pasados, Vila considera que no es porque el ayuntamiento no haga suficiente caso a sus recomendaciones, sino porque en la maquinaria de la administración "es difícil cambiar las cosas rápido" y porque "también los problemas han crecido".

El Instituto Municipal de Hacienda es el órgano municipal más afectado, con 163 quejas.

Entre los motivos de las quejas a este organismo municipal, el asesor de la Síndica, Manel Sanz, ha señalado las irregularidades y problemas que ha causado la quiebra de Unipost, uno de los operadores privados que el Ayuntamiento de Barcelona tenía contratado para hacer llegar las multas y otros miles de notificaciones a los ciudadanos, así como algunas conductas irregulares de notificadores.

Sanz ha explicado que se ha pedido la revisión de las multas de tráfico cuando les han llegado quejas por problemas en su notificación.

Ha recordado que desde hace 5 años el ayuntamiento de Barcelona se ha autoimpuesto dejar un aviso en el buzón cuando no se pueden entregar la notificación porque el destinatario no está en casa.

Por otra parte, Vila ha destacado que entre las quejas sobre el transporte público colectivo han crecido las referidas a la atención recibida por el personal de Transports Metropolitans de Barcelona, tanto de conductores como de trabajadores de estación y puntos de atención.

Una de las nuevas quejas en materia de movilidad y circulación del transporte público es la implementación de la red ortogonal y las molestias derivadas del nuevo emplazamiento de las terminales de origen y final, puesto que muchos ciudadanos alegan que los conductores no apagan los motores de los vehículos en estas estaciones.

Respecto a la implementación de la red ortogonal de autobuses en la ciudad de Barcelona, la Síndica de Greuges de Barcelona cree que "la evaluación definitiva no podrá hacerse hasta que se produzca el total despliegue de esta nueva red", aunque ha señalado los perjuicios que comporta para las personas con problemas de movilidad.

Asimismo, y aunque no son muchas las quejas recibidas porque se trata de un problema entre privados, la Sindica de Greuges de Barcelona ha manifestado su preocupación por el aumento de precios en el mercado inmobiliario de la ciudad de Barcelona.

"Es necesario que los servicios sociales estén alerta para prevenir que más personas estén en esta situación, especialmente en aquellas personas mayores de 65 años que viven en habitaciones realquiladas, puesto que son más vulnerables ante la pérdida del alojamiento", ha señalado Vilà.