Analizamos el impacto que produce en la Administración la numerosa normativa que entra en vigor a lo largo de este año con Víctor Almonacid, Secretario de la Administración Local. Se trata de normas que afectan directamente al ciudadano de a pie porque inciden en todos los ámbitos: trámites, atención ciudadana, protección de datos, transparencia, contratos públicos. Y de la mano de uno de los mayores expertos en Administración Digital aún vamos más allá, ya que no solo hablamos del necesario cumplimiento normativo por parte de la Administración, sino que también abordamos cómo se podría llegar a la excelencia en la gestión pública, superando el mero formalismo para dar el mejor servicio público.
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¿Por qué es tan importante este 2018 para las Administraciones Públicas?
2018 es un año en el que las Administraciones Públicas deben dar el salto definitivo al siglo XXI, dado que ya finaliza el supuesto plazo máximo -en nuestra opinión debió hacerse mucho antes- para la implantación de las Leyes 39 y 40 de 2015, que respectivamente regulan el procedimiento y el régimen jurídico de las entidades públicas estableciendo claramente un funcionamiento electrónico. Este hito importante vendrá rematado por el Reglamento de Administración Electrónica que también está a punto de ver la luz. Por otra parte, en 2018 entrará en vigor además las nuevas leyes sobre contratación y sobre protección de datos, las cuales forman un triángulo perfecto con la ley de transparencia, cuyo reglamento por cierto también se aprueba este año. En este escenario de numerosos cambios legales lo importante es el servicio público -ágil, poco burocrático, sostenible, eficiente-, poniendo en el centro a la persona. Por todo ello, yo no utilizaría la expresión recurrente de decir, como hemos escuchado, que 2018 es el año en el que entra en vigor la administración electrónica, sino que más bien es el año en el que la Administración entra en el s. XXI -con casi dos décadas de retraso-.
¿Y si no entra? Lo decimos porque obviamente los cambios no dependen solamente de que entren en vigor unas cuantas leyes, por muy importantes que sean.
Bueno, es cierto. En mi época las leyes se cumplían, pero ahora... En fin, si no entra, la Administración está prácticamente muerta: blockchain -sobre todo-, IA -inteligencia artificial- y robótica, algoritmos, fehaciencia electrónica, machine learning -aprendizaje automático-, cloud -nube-, big data, lobbies, empresas sociales… Habrá -ya hay- tecnologías basadas en evidencias de datos almacenados en servidores más seguros que los nuestros que quitarán todo el sentido a ese familiar suplicio de tener que tramitar papeles. También habrá competencia, concurrencia, como en otros sectores, y la Administración no parece muy competitiva, la verdad, para el caso de que tenga que competir.
La Administración si se moderniza se salvará de ese destino fatal.
En mi opinión no, o no del todo. La tendencia apunta a que en el medio plazo, y aun haciéndolo todo bien, la Administración tal y como la conocemos morirá... Desaparecerá por lo menos en cuanto a su faceta burocrática de emisión de permisos, certificados y registros. No se trata de una privatización, sino de una evolución. También de una europeización. En este sentido parece claro que el modelo anglosajón -o abierto- de administración pública encaja mejor en la modernidad y en el Derecho europeo que el continental -o burocrático-, con la importante excepción de los servicios públicos, especialmente los asistenciales.
Volvamos a esos cambios legales... Mucha gente se pregunta qué impacto real tendrán sobre el ciudadano.
Bien, hablábamos de la obligatoriedad del funcionamiento electrónico... Pero ojo, esto es para la Administración y a nivel interno, porque el esforzado contribuyente, si es persona física, puede seguir relacionándose presencialmente con las nuevas y a priori mejoradas Oficinas de Asistencia en materia de Registro (OAR). Faltaría más. Además tienen derecho a no presentar prácticamente ningún documento, porque la Administración lo recabará en su nombre de otras Instancias Públicas, y porque en muchos casos podrá presentar en su lugar una declaración responsable. Sin perjuicio de todo lo anterior, otra ventana, la de la sede electrónica de la Administración, se abre definitivamente. Porque el ciudadano no tiene el deber, pero sí el derecho de relacionarse con la Administración de forma telemática. Este año también se aprobará una norma definirá detalladamente los requisitos de identificación y acceso necesarios, si bien nosotros desde luego abogamos por sistemas ágiles de identificación electrónica en lugar del cuestionado eDNI.
¿Y las empresas?
Las empresas son personas jurídicas, y por lo tanto están obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos porque así lo disponen tres leyes: la de impulso de la factura electrónica en 2013, la de procedimiento en 2015, y por fin la de contratos recientemente aprobada y que entra en vigor este mes de marzo. Obviamente para que esto ocurra las Entidades Públicas deben poner los medios para que estos trámites sean no solo posibles, sino también cómodos. La reducción de la burocracia se pretende también con las empresas, sobre todo las pymes, y también con las asociaciones beneficiarias por ejemplo de subvenciones, obviamente no solo con las personas.
¿Nos puede hablar de esa nueva Ley de contratos?
También es muy electrónica, como no puede ser de otra manera porque ya lo imponen desde 2014 las Directivas europeas. Asimismo pone el acento en la lucha contra la corrupción, a través del mayor control de las figuras conflictivas como los contratos menores, los modificados de contratos y los fraccionamientos ilegales, poniendo el acento en la transparencia, la rendición de cuentas y la propia tramitación electrónica. En cuanto a lo negativo, a nivel de redacción no es una ley muy clara, en parte debido a la complejidad del procedimiento de tramitación legislativa, por lo que seguirán cabiendo interpretaciones que den juego a las malas prácticas. Lo electrónico deja rastro, es una gran herramienta para luchar contra la corrupción, pero siempre hemos dicho que dejará de haber corrupción cuando deje de haber corruptos.
¿Y la de protección de datos?
La nueva Ley Orgánica incorporará las novedades del Reglamento Europeo, incluyendo todo un catálogo de derechos de los ciudadanos -en el que destaca el famoso Derecho al olvido-, y algunas obligaciones para las AAPP, que deberán tener, por ejemplo, un Delegado de Protección de Datos. Esta protección de datos, además, deberá hacerse de modo compatible con la transparencia pública y con la propia apertura de los datos -open data-, lo cual supondrá no solo un instrumento potencial para la participación ciudadana sino también un importante motor para las iniciativas emprendedoras. Se habla mucho de Gobierno abierto -open Government-, un tema desde luego esencial y del que tú sabes mucho Eva, pero tenemos que empezar a hablar también de open innovation, que será el instrumento de la nueva colaboración de los particulares en lo público, y también de la nueva economía.
Esto es muy interesante Víctor... ¿Y qué tendría que hacer la Administración para llegar a este nivel? Porque entiendo que nos adentramos en un modelo de excelencia que transciende incluso los objetivos iniciales de las leyes que entran en vigor en 2018...
Sí, pero en realidad hablamos de lo mismo, del servicio público. La Administración no solo debe ser transparente y publicar algunos documentos como el presupuesto, sino que también deberá aperturar los datos. Y rendir cuentas. Ante estos estímulos la sociedad civil reaccionará, mostrando no solo su opinión sino también lo que en términos comerciales se denomina experiencia de cliente -customer experience-, la cual deberá ser tenida en cuenta a su vez por la propia Administración, que practicará en todo momento una escucha activa. Lo público será cada vez menos institucional y más relacional, en un tablero de ajedrez en el que las piezas serán los políticos, los funcionarios, las empresas, las asociaciones, los estudiantes, los emprendedores... En este caldo de cultivo innovador y colaborativo, surgirán los llamados territorios inteligentes -término que a su vez sustituye al de ciudades inteligentes-, muy centrados en el medio ambiente, en los servicios asistenciales y en la tecnología como medio, no como fin, para mejorar la calidad de vida. Esta es la Administración que sobrevivirá. Esta sí. Falta mucho para que lleguemos ahí pero si no lo hacemos se caerá en la deslegitimación, primero, y después, como decíamos, en la desaparición.
Eva Altaver es periodista especializada en Gobierno Abierto y Administraciones Públicas
