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Víctimas de la "guerra del gas" quieren que "el asesino" dé cuentas en Bolivia

El Alto (Bolivia), 3 mar (EFE).- A Dionisio Cáceres le amputaron parte de su pierna por una herida de arma de fuego de un militar en la "guerra del gas" de 2003 en Bolivia y quince años después aún espera que "el asesino yanqui", como se refiere al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, rinda cuentas en Bolivia.

Dionisio, junto a la asociación de familiares caídos por la defensa del gas, verá cómo una corte de Fort Lauderdale, en Florida (EE.UU.), inicia una vista sobre la demanda con la que se acusa a Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y quien fuera su ministro de Defensa José Carlos Sánchez Berzaín de "planificar matanzas extrajudiciales".

El conflicto social contra el proyecto gubernamental de exportar gas a través de Chile a precios bajos dejó un número de muertos que varía según las fuentes, desde 68 a 80, y cerca de 400 heridos por las fuerzas de seguridad y el Ejército del país en lo que algunos califican como "masacre".

Sánchez de Lozada dimitió tras esos hechos y se fue a Estados Unidos, donde este lunes se realizará una audiencia de la demanda civil presentada por familiares de víctimas de aquella represión.

Hilda Yumpanqui mantiene el rostro apretado mientras recuerda a su marido, con quien acababa de comenzar un hogar con un pequeño de tan solo un año, fallecido por un tiro en la cabeza en las protestas en la ciudad boliviana de El Alto, donde la revuelta fue cruenta.

"Sigo llorando por él. No puedo olvidarlo, en la forma que ha muerto, creo que para toda mi vida voy a recordar cómo lo he perdido", contó a Efe visiblemente emocionada.

Los familiares lamentan la falta de apoyo en estos quince años, ya que apenas recibieron alguna ayuda económica para los que no pueden trabajar o quedaron a cargo de hijos.

Dionisio ya tiene una prótesis, pero ha pasado muchos años sin ella luchando por mantenerse aunque a veces el dolor fuese insoportable.

"Antes era comerciante, iba de La Paz a Santa Cruz y Oruro -otras ciudades bolivianas-, pero ahora ya no puedo hacer nada, totalmente discapacitado. No me voy a rendir, estoy tranquilo, pero el dolor es grave", destacó enfadado por el abandono que denuncia.

Margarita Chambi, viuda del fallecido Nicolás Morales, dijo a Efe sentirse "preocupada" por el paso de los años sin que la justicia llegue y acusó al actual Gobierno boliviano de "abandonarlos".

"Nos hemos sentido abandonados totalmente. Evo Morales -presidente del país- gracias a nosotros ha entrado y no nos ha apoyado. Ahora recién se está movilizando", lamentó.

Morales destacó entonces entre los líderes de la respuesta ciudadana y dos años más tarde ganó las elecciones con un importante apoyo popular en El Alto, una ciudad satélite de La Paz con algo más de 800.000 habitantes, situada en el altiplano andino.

Pero lo mismo considera Dionisio, que denunció que les han utilizado "como monto, como salario. Nos hemos sentido utilizados y usados como bandera tricolor -la nacional de Bolivia- para sus bolsillos".

El juicio llega tras una demanda civil presentada en 2007 por familiares de ocho de las víctimas, con apoyos de entidades de defensa de derechos humanos como el del Centro de Derechos Constitucionales de la Universidad de Harvard (Estados Unidos).

Según los demandantes, marcará un precedente ya que será la primera vez que un exjefe de Estado se sentará frente a sus acusadores en un juicio civil de derechos humanos en una corte en Estados Unidos.

Pero en lo que todos coinciden es que quieren que Sánchez de Lozada "sea juzgado en Bolivia" y que se lleve a cabo la extradición, solicitada por el Gobierno del país en un proceso independiente a la demanda civil.

"Este proceso, que se haya en Estados Unidos, estamos satisfechos, pero ojalá el Gobierno no politice y trabaje, queremos que el asesino yanqui venga a rendir cuentas a Bolivia, porque aquí ha masacrado", subrayó el padre de familia que perdió una pierna en las protestas.

Uno de los abogados de Harvard, Thomas Becker, explicó en un comunicado que los familiares "son los verdaderos héroes por la defensa de los derechos humanos" y que han ayudado "a cambiar la historia y a dar voz a las comunidades marginadas de todo el mundo".

Mañana está previsto el comienzo de su ansiado juicio y los familiares mantienen la esperanza de que tras quince años puedan dormir tranquilos "porque se ha hecho justicia".

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