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El hermano de Ignacio González rehúsa declarar en la comisión por corrupción

Madrid, 16 feb (EFE).- El hermano del expresidente madrileño Ignacio González, Pablo González, ha rehusado hoy hacer declaraciones en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid sobre el caso del campo de golf del Canal de Isabel II por su condición de investigado en el caso Lezo.

"No haré declaración alguna ante esta comisión y solicito de sus señorías el debido respeto a los derechos que me asisten", les ha dicho a los diputados al comienzo de su intervención.

Lo ha comentado después de pedir en dos ocasiones a la presidenta de la comisión la lectura de sus derechos, que permiten a los comparecientes no declarar, aunque están obligados a comparecer.

González ha recordado a los parlamentarios que recientemente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha considerado que no es "procedente" entregarles documentación relacionada con el caso Lezo al estar "en fase de instrucción" y poder "conducir a valoraciones y juicios paralelos".

De esta forma, se ha referido a documentos del Canal de Isabel II reclamados por los grupos parlamentarios de la oposición, como las actas de la empresa púbica madrileña relacionadas con la compra de la empresa brasileña Emissao y la colombiana Inassa, operaciones investigadas en el caso Lezo.

Tras su intervención inicial, González ha permanecido en silencio ante las preguntas de los diputados de la oposición.

"Comprendo el auto que nos ha leído (...) pero esto no quita para que usted pueda aquí declarar y comparecer. Mucha gente que está en su misma situación ha venido aquí y de motu propio ha decidido comparecer, hablar con nosotros y contarnos lo que sabe", le ha dicho el diputado de Ciudadanos César Zafra.

Por su parte, la diputada de Podemos María Espinosa ha señalado que la tarea de esta comisión consiste en "investigar sobre los casos de corrupción y conocer las implicaciones de quienes saquearon las instituciones durante todo este tiempo".

"El PP hace de los servicios públicos el negocio de unos pocos, y usted está entre esos pocos", ha añadido.

La diputada del PSOE-M Encarnación Moya le ha preguntado entre otras cuestiones si negociaba en nombre de su hermano y si le consta que Ignacio González dio instrucciones en el Canal para construir el campo de golf "a pesar de que no había licencia municipal".

Por primera vez, en la comisión de investigación de corrupción no ha tomado la palabra ningún diputado del PP tras la decisión del grupo de abandonar este espacio alegando "trato inquisitorial" y "linchamiento político".

Entre el púbico sí estaba la parlamentaria del PP Isabel González, hermana del compareciente, que lo ha acompañado al edificio de grupos del Parlamento regional tras su comparecencia, de media hora de duración.

El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, eleva a 1,2 millones de euros el importe total de comisiones ilegales que los investigados, entre ellos Pablo González, pudieron obtener a costa del erario en el contrato de adjudicación de la construcción y gestión del campo, ubicado en terrenos del Canal del madrileño distrito de Chamberí.

Además sostiene que Ignacio González se concertó con otros investigados, entre ellos su hermano, "para lograr que el contrato" recayera en la constructora ACS en unas condiciones económicas "perjudiciales" para la Comunidad de Madrid.

En la comisión también ha comparecido el que fuera contable de Tecnoconcret Fernando Manuel Serrano, investigado en el caso Lezo, que ha dicho que ni él ni esta empresa, a la que se adjudicó la explotación del campo de golf del Canal de Isabel II, deberían estar implicados.

"No hubo ningún impago a la Seguridad Social, ningún problema de tipo administrativo, legal, jurídico, contable (...) he declarado todas las cuentas anuales de años en los que he estado involucrado", ha subrayado.

La empresa, vinculada a Pablo González y a su cuñado, formaba parte del consorcio que firmó por 3,2 millones de euros el contrato para la explotación del campo de golf, donde figuraba también una empresa de ACS.

En un momento dado Tecnoconcret se desvinculó de ese consorcio, pero le facturó 620.000 euros durante un periodo coincidente con la vida del contrato.

Otra de las comparecientes, Carmen Ochoa, secretaria de la asociación Parque Sí en Chamberí, contraria al campo de golf, ha dicho que su construcción era "absolutamente ilegal" porque las obras "empezaron sin licencia".

Por su parte, María Belén Benito, que era miembro de la mesa de contratación constituida en 2006, ha dicho que en el Canal no le dijeron "nada" de la orden de paralización de las obras al carecer de licencia, que continuaron pese a todo.

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