El juicio a Chaves y Griñán por ERE se reanudará con el interrogatorio a los acusados

Sevilla, 11 feb (EFE).- El juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñan, se reanudará mañana en la Audiencia de Sevilla con el inicio de los interrogatorios a los acusados.

Tras un mes de parón, para que el tribunal resolviera las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y defensas en las primeras sesiones, el juicio se reanudará mañana.

Según el orden fijado inicialmente por la Fiscalía, el primer acusado que deberá responder a las preguntas de las partes será el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, que se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Es uno de los principales implicados en el caso ERE, y de los pocos que ha pisado la cárcel, ya que ostentó el cargo durante gran parte del periodo (2001-2011) en el cual la Junta repartió de forma "arbitraria" más de 850 millones en ayudas sociolaborales -gestionadas por su departamento- con un "procedimiento específico", presuntamente creado para eludir controles administrativos.

Guerrero acuñó el término "fondo de reptiles" para referirse a la partida presupuestaria de la que salían las ayudas investigadas, aunque luego se retractó, y durante la instrucción mantuvo que sus superiores conocían y aprobaban las subvenciones que se daban.

Con 22 acusados sentados en el banquillo, una docena de peritos y más de un centenar de testigos -a los que se han sumado casi otros 50 propuestos por las partes en las cuestiones previas y admitidos por el tribunal-, la sección primera de la Audiencia ha fijado un calendario provisional del juicio hasta el 31 de octubre.

Entre los nuevos testigos incorporados destacan el actual vicepresidente andaluz Manuel Jiménez Barrios, los exconsejeros Antonio Ávila y Mar Moreno y una ex alto cargo del Gobierno central en la época de Aznar, la exdirectora de Trabajo Soledad Córdova (investigada en la pieza separada del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, que cofinanció el Estado, donde declaró que la Junta podría haber dado sus ayudas con el mismo sistema que el Gobierno).

El tribunal no admitió la petición del PP para que testificara la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al no verla justificada.

La novedad más relevante para los procesados desde la última vez que se sentaron en el banquillo, el 15 de enero, es que ya no se les acusa de asociación ilícita, un delito por el que el PP pedía dos años de cárcel para cada uno.

Las defensas solicitaron quitar esta acusación incluida por el PP de forma "sorpresiva" al final de la instrucción (el fiscal y la acusación de Manos Limpias les apoyaron), y el tribunal lo ha hecho.

Ello supone que Chaves, los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, el exviceconsejero José Salgueiro, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa y el exjefe de los Servicios Jurídicos Francisco del Río no se enfrentan ya a penas de prisión, pues ninguno está acusado de malversación sino sólo de prevaricación (castigada con inhabilitación).

El resto, entre ellos Griñán y cuatro exconsejeros, sí afrontan de 6 a 8 años de cárcel por malversación (y 30 de inhabilitación), dos menos que cuando se les acusaba también de asociación ilícita.

La otra novedad es que el tribunal ha dejado claro que "las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa". En principio no afecta a este juicio pero puede tener repercusión en las piezas separadas sobre cada ayuda dada.

Otros tribunales están archivando la imputación de varios excargos de la Junta en esas piezas por considerar que ya se les juzga por todas las ayudas concedidas en este proceso (y no se les puede enjuiciar dos veces por lo mismo), una interpretación que no comparte la sección primera de la Audiencia.