
Madrid, 2 feb (EFE).- El juez de refuerzo del caso Púnica, Diego de Egea, ha citado de nuevo a declarar en calidad de investigado al exconsejero madrileño Francisco Granados el 12 de febrero, mientras que el presunto "conseguidor" de la trama, David Marjaliza, deberá hacerlo otra vez una semana antes, el próximo miércoles.
En un auto fechado hoy, al que ha tenido acceso Efe, el juez de la Audiencia Nacional acuerda ambas citaciones y desestima las peticiones de suspensión de la declaración de Granados efectuadas por las defensas de su ex jefe de gabinete y presunto testaferro, Ignacio Palacios y de su mujer, María José Marijuán.
En un auto de ayer, en el que imputaba al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y a su yerno Javier López Madrid, el juez evidenció "la existencia de tratos de corrupción" por Granados "dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones" cuando presidía la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2004.
De Egea se refiere a contratos vinculados a "la construcción de determinados tramos de líneas de metro (de Madrid) y metro ligero (de Boadilla del Monte)" que fueron adjudicados desde la empresa pública Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra) "con la indiciaria participación y conocimiento de su consejero delegado, Jesús Trabada".
Además, según el juez, Granados garantizó "un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum", vinculada al "conseguidor" de la Púnica David Marjaliza, a cambio de "importantes comisiones".
El propio Marjaliza, que está colaborando con la Fiscalía, confesó hace unas semanas que se repartió con Granados y López Madrid una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación de estas obras.
Marjaliza ya ha comparecido en varias ocasiones ante el juez de la Púnica en esa línea de colaboración con la Justicia y ha confesado el pago de comisiones por adjudicaciones de municipios madrileños como Parla y Getafe.
Junto al presunto 'conseguidor' de la trama, Granados -en libertad desde junio tras pasar dos años y medio en prisión preventiva- es el principal investigado en esta trama de corrupción y ha sido ya condenado a 2 años de cárcel por la Audiencia Nacional en el primer juicio de la Púnica, en relación al chivatazo que le dio un guardia civil de que le estaban investigando.
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