El Supremo cita al expresidente PP de Cartagena en la causa contra Barreiro

Madrid, 29 ene (EFE).- El Tribunal Supremo ha citado para el próximo 5 de febrero al expresidente del PP de Cartagena (Murcia), Francisco Celdrán, para que confirme o no las declaraciones que la senadora popular Pilar Barreiro hizo en su defensa contra los indicios que la implican en distintos delitos en una pieza separada del Caso Púnica.

Celdrán, que también ha sido presidente de la Asamblea murciana, comparecerá como testigo para refrendar o no las declaraciones de la imputada.

El Supremo acordó el pasado mes de octubre abrir un procedimiento a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena por presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho.

Barreiro está implicada en un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y en otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Se investiga si en esos dos contratos pactó labores en beneficio de su imagen personal a costa del erario público.

La imputada declaró ante la magistrada del Supremo Ana Ferrer, el pasado día 15, que sí se contrató y se pagó desde el Ayuntamiento de Cartagena una determinada publicidad en los contratos que se investigan, pero no en favor de su imagen, sino de la del Ayuntamiento.

Además, aceptó que se ideó una campaña de reputación en su favor, pero que no iba a correr a cargo de la Comunidad de Murcia, sino que "se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo", según explicó a los medios de comunicación su abogado tras su comparecencia voluntaria ante el tribunal.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió una exposición al Supremo en la que apuntaba que Barreiro, ante las noticias negativas que se publicaban sobre ella en las redes sociales, relativas a su participación en delitos de corrupción urbanística, se puso en contacto con el empresario Alejandro de Pedro para que su empresa realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales.

Así, relataba que Pilar Barreiro asistió a reuniones donde, con abuso de su cargo al frente de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena, ideó un plan defraudador, con la puesta en marcha de sus redes sociales y la creación de un diario digital a su servicio que costearía el Consistorio subrepticiamente.

Según la exposición razonada, los indicios apuntan que se adjudicó a la mercantil MADIVA un contrato menor que simulaba la contratación de publicidad institucional.

En relación con la concertación para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia, el juez apuntó indicios de que esta consejería sufragó subrepticiamente el gasto por los trabajos de reputación para ella mediante la adjudicación de un contrato de cobertura, con el objeto simulado de "formación".

Ante esta exposición, el alto tribunal nombró instructora del caso a la magistrada Ana Ferrer. Ella debe decidir si el Supremo debe pedir el suplicatorio al Senado para abrir causa contra Barreiro o si se archiva el asunto.