México, 24 ene (EFE).- El candidato a la presidencia de México de la coalición que encabeza el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, lanzó hoy su iniciativa para endurecer el combate a la corrupción en el país.
Plantea en ella recuperar bienes y aumentar penas a corruptos.
"En muchos de los retos que tiene el país, empezando por la seguridad, está la raíz de la corrupción y la impunidad", dijo Meade sobre estas medidas, qué serán presentadas al Congreso por los partidos que respaldan su candidatura.
El eje central es "recuperar el dinero, propiedades y todos los bienes de los corruptos para llevarlos a un fondo nacional de becas para niñas, niños y mujeres", explicó el aspirante de la coalición "Todos por México", integrada por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.
El objetivo es dar facultades a los fiscales que combaten la corrupción para ejercer la extinción de dominio. "Recuperaremos los bienes obtenidos por la delincuencia, y con ese dinero apoyaremos los estudios y los proyectos productivos de niñas, niños y mujeres", detalló.
El candidato presidencial indicó que también planteará el aumento de las penas a funcionarios deshonestos y hacer obligatoria la certificación patrimonial para los servidores públicos y legisladores.
Dijo que esta propuesta es una muestra clara de que habla en serio y de que no esperará a que se lleven a cabo las elecciones del próximo 1 de julio para trabajar en una iniciativa formal que acabe de una vez por todas con este flagelo.
Estimaciones del Banco Mundial, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de México (CEESP) señalan que el costo de la corrupción en México fluctúa entre el 9 % y el 10 % del producto interno bruto (PIB).
Meade presentó esta semana su propuesta en torno al combate de la delincuencia organizada y fortalecimiento de la seguridad, a través de la lucha de las desigualdades sociales y económicas.
Además, sugirió homologar las leyes y las instituciones a nivel estatal y federal para que los delitos sean investigados y castigados bajo un mismo criterio y crear un sistema integral que permita identificar a los criminales, sus bienes y sus movimientos financieros.