Comienza el juicio contra la presunta trama de policías corruptos de Coslada

Madrid, 15 ene (EFE).- La Audiencia de Madrid comienza hoy el juicio contra el exjefe de la Policía Local de Coslada (Madrid), Ginés Jiménez, y otras once personas acusadas de integrar o permitir una presunta trama de policías corruptos destapada en 2008 y por la que la Fiscalía pide más de 26 años para el presunto cabecilla.

La Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid juzga desde hoy y hasta el 23 de marzo, con varias sesiones cada semana, a Ginés Jiménez Buendía, a su mujer, a su hijo, a tres ciudadanos rumanos relacionados con la prostitución y a seis agentes de la localidad.

Tras diez años de instrucción judicial con numerosos recursos de diferentes partes, estas son las doce personas que van finalmente a juicio por el denominado caso Bloque.

El caso Bloque se destapó el 8 de mayo de 2008 cuando la Policía Nacional detuvo a 26 policías locales -24 de ellos de Coslada- que supuestamente integraban una trama liderada por Ginés Jiménez que extorsionaba en comercios y bares de copas.

Los que ingresaron en prisión quedaron libres poco después, salvo Ginés que estuvo en la cárcel casi un año, y en 2013 el mando policial fue condenado a un año y medio de cárcel por coaccionar a una testigo relacionada con el caso.

Ahora la Fiscalía pide para el supuesto líder de la trama 26 años y ocho meses de cárcel, inhabilitación para el ejercicio del cargo, dos multas que suman 130.000 euros y también el embargo de una cuenta bancaria, de 23.410 euros incautados en su casa y de una vivienda comprada por su mujer.

Se le acusa de los delitos de extorsión, amenazas, cohecho, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Considera el Ministerio Público que Ginés Jiménez era en 2008 el máximo responsable policial en la localidad madrileña de Coslada y se aprovechaba de su cargo "para vulnerar el ordenamiento legal movido por intereses personales en beneficio propio", actuando "de manera abusiva y arbitraria".

Así relata hasta doce episodios en los que el acusado se valía de su cargo para exigir, incluso en un caso a punta de pistola, que los responsables de los locales fuesen a su despacho para pagarle por tramitar licencias o permisos, y le invitasen a copas y a servicios de meretrices.

Para la mujer del exjefe policial, Carmen Pérez Martínez, y su hijo Ginés el Ministerio Público pide cuatro años de prisión y multa de 100.000 euros por un delito de blanqueo de capitales, al considerar que se enriquecieron ilícitamente y utilizaron el dinero para gastos cotidianos y para la compra de dos pisos y un coche.

Además, la Fiscalía imputa a los ciudadanos rumanos Catalin A., Francisc G. y Ionot G. un delito de prostitución por el que solicita dos años y seis meses de cárcel ya que controlaban y exigían dinero a las prostitutas, a las que obligaban a trabajar en duras condiciones en un polígono del distrito madrileño de Vicálvaro.

Para el agente Carlos M.R. solicita dos años y ocho meses de prisión y diez años de inhabilitación por un delito de cohecho, ya que era amigo de los procesados rumanos y acudía al citado polígono sin hacer "actuación alguna para perseguir el posible delito", consiguiendo servicios sexuales gratis.

A los otros cinco agentes también les imputa un delito de cohecho, por mantener esa misma actitud, y solicita para ellos una multa de 2.160 euros.