Solo el 21,8 % del importe de la sentencias ejecutadas en Cataluña se acaba cobrando

Barcelona, 12 ene (EFE).- La ineficiencia del actual sistema judicial español provoca que solo el 21,8 % del importe económico de las sentencias ejecutadas en Cataluña acabe recuperándose, según un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Barcelona y por el grupo de investigación AQR-Lab de la Universidad de Barcelona.

El estudio, pionero en España y en Europa, según sus autores, analiza por primera vez qué incidencia tiene sobre la economía el retraso a la hora de ejecutar una sentencia judicial.

A partir de una encuesta efectuada a despachos de procuradores y de una muestra de 994 expedientes de ejecuciones presentadas en 2013, este análisis asegura que debían haberse cobrado un total de 6.580 millones de euros, el equivalente al 3,4 % del PIB catalán de ese año, y que tres años después la cantidad recuperada es solo de 1.434 millones de euros, el 21,8 % del total.

Se trata de cantidades relacionadas con la jurisdicción civil y mercantil, por lo que afectan tanto a empresas como a particulares, si bien las ejecuciones hipotecarias suponían aproximadamente el 76 % del importe total.

El estudio, por tanto, se centra en el período que va desde que hay sentencia sobre un caso hasta que se logra la ejecución efectiva del importe de la sentencia, y en los problemas que acaba planteando esa demora en la ejecución para las empresas o los particulares afectados, que en el caso de ejecuciones iniciadas en 2013 implica que unos 5.000 millones de euros aún no se han recuperado.

En este sentido, una conclusión del estudio es que si se mejorara la eficiencia en el sistema de ejecuciones, el PIB catalán se podría haber incrementado entre 74 y 303 millones de euros, y se podrían haber creado o mantenido hasta 4.573 empleos.

Estas hipótesis sobre el PIB se han elaborado estimando una tasa de recuperación de las ejecuciones iniciadas en 2013 de hasta un 35 % del total, frente al 21,8 % logrado.

Los autores del estudio han explicado que han tenido que remontarse a datos de 2013 dada la demora en resolverse las ejecuciones.

Y es que el plazo medio del proceso para recuperar los importes concedidos en sentencia judicial es de un año y nueve meses, ha asegurado el catedrático de Economía Aplicada de la UB Jordi Surinach, coautor del estudio junto a la directora de Análisis Económico del gabinete de estudios de la Cámara de Comercio de Barcelona, Carme Poveda.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha destacado la "urgencia" de abrir un debate sobre cómo agilizar el sistema de ejecuciones judiciales para evitar su impacto sobre la economía.

El presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, Ignacio López Chocarro, ha recordado que ya en 1997 el Libro Blanco de la Justicia admitía que la ineficacia del sistema en la ejecución de sentencias "beneficia al incumplidor sistemático en lugar de favorecer a quien ha visto reconocido su derecho en sentencia firme".

Por su parte, Suriñach ha recordado que España es el único país de la UE donde los jueces son también responsables del proceso de ejecución de una sentencia.

En esta línea, López Chocarro ha destacado que en otros países europeos existe la figura del agente de ejecución de sentencia, pero que la solución al problema "no pasa solo" por crear esa figura, sino que habría que crear también "tribunales especializados", entre otras medidas.

El estudio también pone de manifiesto que el problema de las ejecuciones pendientes de resolver es cada vez mayor, ya que al inicio de 2015 ya había en Cataluña más de 352.000 ejecuciones pendientes por parte de la jurisdicción civil y otras 5.422 por parte de la mercantil.

En esta línea, los autores estiman que, contando con que no hubiera nuevas ejecuciones judiciales, solo para resolver las pendientes se necesitarían más de tres años.