Fiscalía pide tribunal delimite si pieza política analizará ayudas concretas

Sevilla, 9 ene (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al tribunal que enjuicia la pieza política de los ERE, en la que son procesados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que delimite el objeto concreto de este procedimiento y si incluye el análisis de ayudas concretas.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga ha hecho referencia a la "diferencia de criterio" expresada tanto por la sección séptima de la Audiencia provincial de Sevilla como por la jueza que instruye la causa, María Núñez Bolaños, ante recursos presentados por varios acusados en los que pedían el sobreseimiento de su imputación en las piezas separadas de cada ayuda dada por la Junta de 2001 a 2011 siguiendo el "procedimiento específico" por cuya creación y mantenimiento se sientan en el banquillo 22 ex altos cargos del Gobierno socialista andaluz.

El Ministerio Público ha expuesto que la Audiencia de Sevilla ha rechazado algunos de estos recursos y ha admitido otros planteados por ejemplo por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o el exdirector de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete que apelaban al principio por el que una persona no puede ser enjuiciada varias veces por los mismos hechos.

Así, la Audiencia primero, y la jueza Núñez después ya en la instrucción siguiendo su criterio, han excluido a algunos acusados de piezas separadas sobre ayudas concretas al entender que se trata de hechos que ya son juzgados en la pieza política.

Ante esta situación, la Fiscalía pide al tribunal de la sección primera de la Audiencia que enjuicia esta pieza política un "pronunciamiento expreso de la delimitación objetiva de este procedimiento" sin perjuicio de que en el interrogatorio a los acusados "se les pueda preguntar sobre ayudas concretas" para determinar "su conocimiento sobre la ejecución" del procedimiento específico por el que se otorgaban, presuntamente, de forma "arbitraria" y "sin control".

Ha recordado que tras la división de la causa en piezas, acordada por la jueza Núñez en noviembre de 2015, solo se han enviado a juicio cuatro, aunque se estima que puede haber entre 250 y 270 (una por cada ayuda otorgada).

De ellas "en instrucción hay formadas formalmente 104 y en unas 35 se ha realizado alguna investigación que delimite los hechos" y son investigados trabajadores beneficiados de ERE subvencionados de empresas para las que nunca trabajaron, empresarios beneficiados de las ayudas y mediadores y "auténticos conseguidores".

Para la Fiscalía, caben dos posibilidades: o devolver el auto de procedimiento abreviado de esta pieza política para delimitar en él ese objeto o "evitar toda nulidad aclarando que respecto de todos los encausados este enjuiciamiento sólo se debe referir al diseño del procedimiento general sin ser sometido ninguna de las ayudas sociolaborales dadas de forma individualizada" analizadas en el resto de piezas.

En caso de que el tribunal decida que "sí procede debatir y por tanto enjuiciar y sentenciar cada una de las ayudas", la Fiscalía pediría incorporar las diligencias de esas piezas conforme se vayan incoando y citar a los testigos de éstas.

Varias defensas han considerado esta petición fiscal de "sorpresiva" y han mostrado su "indefensión" para plantear cuestiones previas a un proceso cuyo objeto se pide ahora redefinir.