Castellón, 22 dic (EFE).- Los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete han valorado la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la indemnización a la empresa Escal UGS por el proyecto Castor y han pedido "responsabilidad penal" sobre el Consejo de Ministros que aprobó indemnizar ilegalmente al Castor.
Para los parlamentarios de Compromís, el tiempo ha terminado dándoles la razón y añaden en un comunicado: "La indemnización, como advertíamos, era ilegal, ilegítima y un expolio de dinero público".
Ahora, han agregado, "esperamos que la justicia vaya más allá y ante un pago ilegal se actúe penalmente contra el entonces ministro de Energía, José Manuel Soria, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y todo el Consejo de Ministros".
Navarrete, natural de Vinaròs, ante cuya costa se sitúa aún el almacén clausurado, ha recordado que "precisamente fue el PP quien se opuso en el Senado a la comisión de investigación sobre el Castor, solicitada por los valencianistas para depurar responsabilidades por toda la caótica tramitación, los riesgos a los cuales se sometió a la ciudadanía y esta indemnización fraudulenta a Florentino Pérez".
Según Compromís se actuó "de manera ilegal para beneficiar con dinero público a un personaje que tendría que estar ante los tribunales por poner el riesgo a toda la comarca, y luego bloquearon que se pudiera investigar y dar luz a la tramitación".
Por su parte, el portavoz de esa formación en la Cámara Alta ha dicho que la indemnización se concedió "incumpliendo la legalidad" al no estar operativa la planta "de acuerdo con el Real Decreto de la Concesión de 2008".
Según ese Real Decreto, ha explicado, "se abonará el valor neto contable siempre que las instalaciones sigan operativas" y en el caso del Castor, ha indicado, "esto no se dio, pues se frenó la inyección de gas con los primeros temblores".
"Jamás han estado en funcionamiento las instalaciones como para que se les otorgara el acta de puesta en servicio definitivo -ha explicado-, por lo que son necesarias explicaciones de si la planta estaba o no operativa y por qué se abonó toda la indemnización hasta el último día, que se está cargando a los consumidores de gas a pesar de no funcionar estas instalaciones correctamente".
Ante "tal varapalo" por parte del Tribunal Constitucional, para Compromís "urge depurar responsabilidades y que no quede impune esta decisión".
Ahora, han agregado, queda ver "cómo se retorna por parte de Escal UGS el dinero de la indemnización que cobró de manera urgente con nocturnidad y alevosía, a ver cómo se resarce a los usuarios que han podido abonar el canon de esta indemnización con sus recibos de consumo".
